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El Gobierno de Australia ha confirmado la implementación de una medida trascendental en la regulación del espacio digital: a partir del 10 de diciembre, entrará en pleno vigor la ley que exige una edad mínima de 16 años para que los ciudadanos australianos puedan utilizar la mayoría de las redes sociales.
Esta normativa, conocida como la “Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024” (Ley de Enmienda de Seguridad en Línea sobre la Edad Mínima para Redes Sociales de 2024), tiene como principal objetivo proteger el bienestar físico y mental de los menores. Las autoridades australianas sostienen que el uso temprano y excesivo de estas plataformas expone a los adolescentes a riesgos como el ciberacoso, la adicción, contenido dañino y representaciones perjudiciales de la imagen corporal.
Implicaciones de la ley
La ley impone a gigantes tecnológicos como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Snapchat, YouTube, X , Reddit y Kick la obligación de tomar “medidas razonables” para detectar y bloquear a los usuarios que no cumplan con la edad mínima de 16 años.
- Verificación de edad: Las plataformas deberán aplicar tecnologías de verificación robustas. Empresas como Meta ya han comenzado a restringir el acceso y a notificar a los usuarios para que verifiquen su edad, permitiendo la descarga de su historial digital a los afectados.
- Sanciones: El incumplimiento de la normativa puede acarrear multas significativas de hasta $49.5 millones de dólares australianos (aproximadamente $33 millones de dólares estadounidenses).
- Pérdida de cuentas y funcionalidades: Los menores de 16 años serán automáticamente cerrados o eliminados de las cuentas existentes. En plataformas como YouTube, los menores de la edad estipulada perderán el acceso a funciones que requieren estar conectado, como listas de reproducción y suscripciones, aunque podrán seguir viendo contenido sin iniciar sesión.
Esta legislación ha generado un intenso debate, pues aunque es vista como un paso necesario para adaptar las leyes al entorno digital, críticos y adolescentes argumentan que coarta la libertad de expresión y temen que impulse a los jóvenes a buscar métodos alternativos, como las redes privadas virtuales (VPN), lo que podría llevarlos a espacios menos regulados y potencialmente más inseguros.