La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que Guatemala continúa enfrentando “desafíos estructurales” que limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos, pese a los compromisos internacionales asumidos por el Estado y a los esfuerzos institucionales anunciados en los últimos años.
En su reciente análisis, el organismo regional destacó que los problemas identificados no son hechos aislados, sino parte de patrones persistentes que afectan a distintos sectores de la población. Entre ellos sobresalen la falta de garantías en la independencia judicial, los obstáculos para el acceso a la justicia, la discriminación contra pueblos indígenas, la criminalización de defensores de derechos humanos y la vulnerabilidad de periodistas y actores sociales críticos.
La CIDH subrayó que estas condiciones generan un entorno que dificulta la consolidación de un Estado democrático de derecho y mantiene vigentes prácticas que afectan la libertad de expresión, la participación ciudadana y la protección de grupos en situación de riesgo. Además, el organismo recordó que Guatemala debe reforzar sus mecanismos de prevención, investigación y sanción ante violaciones de derechos humanos, al tiempo que urge al Estado a adoptar medidas integrales que atiendan de raíz dichos problemas.
En el texto también retoma alertas sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública, garantizar la transparencia en la función estatal y asegurar que los procesos judiciales se desarrollen sin injerencias políticas.
Estas recomendaciones, señaló la Comisión, buscan revertir patrones de impunidad y asegurar la vigencia de las garantías constitucionales.
La CIDH reiteró su disposición de acompañar a Guatemala en la implementación de políticas públicas orientadas a la protección de los derechos fundamentales y llamó a las autoridades a trabajar de manera coordinada con organizaciones sociales y comunidades para generar avances sostenibles.
Recomendaciones para elecciones de 2026
”Los próximos procesos para la renovación de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral y de la Fiscalía General de la República constituyen una oportunidad para recuperar la legitimidad del sistema judicial y fortalecer la institucionalidad democrática”, es una de las sugerencias de la CIDH en relación con los procesos de elecciones del próximo año.