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Vinculan a proceso por tentativa de homicidio a detenidos en marcha del 15N en México

Tres manifestantes enfrentan graves cargos tras los disturbios en la capital mexicana

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Marcha Generación Z en México: jóvenes exigen un país más seguro y libre de corrupción (Foto: Novedadesaca/X)

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha confirmado que, de los detenidos durante las manifestaciones del 15 de noviembre, conocidas como la “Marcha de la Generación Z”, al menos tres personas han sido vinculadas a proceso penal bajo el grave delito de tentativa de homicidio. Esta determinación surge a partir de los hechos violentos registrados principalmente en el Zócalo capitalino, donde se reportaron agresiones directas contra elementos de la policía.

Marcha de la Generación Z: policías se enfrentan a jóvenes en Reforma
Marcha de la Generación Z: policías se enfrentan a jóvenes en Reforma Fotografías: Nico Corte

Según información oficial, la Fiscalía inició un total de 18 carpetas de investigación relacionadas con los sucesos del 15N, que incluyen reportes de agresiones contra 84 policías y daños a propiedad pública y privada. La vinculación a proceso por tentativa de homicidio se aplica a los casos más particulares y graves, en los que la agresión a los uniformados pudo poner en riesgo su vida.

Otros detenidos enfrentan acusaciones por diversos delitos como resistencia de particulares, robo y lesiones en distintos grados. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Gobierno de la Ciudad de México también han anunciado investigaciones internas para esclarecer posibles abusos de la fuerza por parte de elementos policiales contra manifestantes y periodistas, lo que resultó en la suspensión de al menos siete agentes.

Es importante destacar que el saldo de la jornada violenta, en la que participaron unas 17,000 personas, dejó un total de 120 heridos, de los cuales un centenar eran agentes de policía. La situación legal de los detenidos sigue en desarrollo, con audiencias para determinar su situación jurídica, mientras diversas organizaciones de derechos humanos y familiares exigen transparencia y legalidad en los procesos.

       

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