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El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés dictó este lunes una sentencia de pena de muerte contra la ex primera ministra Sheikh Hasina por su culpabilidad en crímenes de lesa humanidad. La condena está relacionada con la violenta represión de las masivas protestas estudiantiles que se desataron en julio y agosto de 2024, culminando con su dimisión y posterior huida a la India.
La exmandataria, quien gobernó el país por más de quince años, fue juzgada en ausencia, ya que permanece exiliada desde que las protestas forzaron su salida del poder. Según el fallo judicial, la sentencia capital se impone por su responsabilidad en el tiroteo y asesinato de manifestantes desarmados en la capital, Daca, el 5 de agosto del año pasado.
El tribunal la encontró culpable de varios cargos, incluyendo asesinato, intento de asesinato, torturas, y omisión deliberada de impedir los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y militantes del partido de gobierno. Los informes de la ONU y otras fuentes indican que la represión de este levantamiento estudiantil, conocido como la “Revolución de Julio”, resultó en la muerte de al menos 14 personas, en su mayoría civiles, según la ONU, mientras que otras fuentes señalan una cifra de alrededor de 100 fallecidos, y hasta 1,500 personas muertas según una comisión de investigación citada por la ONU en febrero de 2025.
Junto a Hasina, el exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también fue condenado a muerte en el mismo caso. La ex primera ministra, líder histórica de la Liga Awami, ha negado consistentemente los cargos y ha denunciado el veredicto como una medida con motivaciones políticas, dictada por un tribunal supuestamente “manipulado” y parcial bajo el actual Gobierno interino.
El Gobierno provisional, liderado por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, ha solicitado formalmente a la India la extradición de Hasina para que cumpla su condena. La comunidad internacional, incluyendo la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, ha reconocido la importancia del veredicto para las víctimas, pero ha lamentado la imposición de la pena capital, a la que se opone en todas las circunstancias.