El presidente Bernardo Arévalo presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos como cumplimiento de la sentencia en contra de Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el asesinato del líder indígena Florentin Gudiel en 2004.
La presentación de la política se hizo en el Palacio Nacional de la Cultura ante funcionarios estatales, líderes indígenas y defensores de derechos humanos, así como diplomáticos. Se destacaron más de 9 mil agresiones durante 2022 y 2023, de las cuales mil 500 fueron en contra de comunicadores y periodistas.
Mensaje
“Estamos en un día histórico para Guatemala. Luego de muchos esfuerzos y gracias al trabajo de muchas personas como se ha recordado, se construye un proceso de diálogo de consulta y de construcción colectiva que tiene como principal resultado esta Política para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala que acabamos de sancionar”, se refirió el gobernante.
Además, recordó el proceso que comenzó en 2016. “En el caso Muriel y otros contra el Estado de Guatemala, creo relevante traer a la memoria a los acontecimientos que originaron dicha sentencia”, se refirió Arévalo.
El líder Gudiel fue asesinado en 2004, recordó el gobernante. “Honesto que dedicó su vida al servicio de su comunidad a la organización y la movilización en búsqueda del bien común en búsqueda de la justicia. Dos décadas antes, en 1983, su hijo José Miguel fue secuestrado, lo sacaron de su hogar en una calle muy cercana a este palacio durante una de las épocas más oscuras y brutales de nuestra historia reciente”, se refirió Arévalo.
Sentencia
La sentencia se refiere al acceso a la justicia y señala la falta de acciones que dieran con los responsables del asesinato de un defensor de derechos humanos en 2004. Luego de años de impunidad, el 28 de agosto de 2014, la Corte IDH resolvió condenar al Estado por la denegación de justicia en este caso.
La Corte ordenó al Estado de Guatemala implementar en un plazo razonable, una política pública para la protección para los defensores y defensoras de derechos humanos tomando los requisitos que se exponen en la Justificación.
El problema público que la Política trata de resolver es la violación a los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos. La rectoría de la Política estará a cargo del Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) estará a cargo de la coordinación de su implementación, al ser la Secretaría del Consejo Coordinador.