El presidente Bernardo Arévalo presentó una denuncia disciplinaria ante la Junta de Disciplina Judicial en contra del juez Fredy Raúl Orellana Letona, a quien señala de haber incurrido en faltas graves y gravísimas al emitir la resolución que declaró la nulidad del Comité pro formación del Movimiento Semilla.
Según la información brindada este lunes 3 de noviembre a Publinews por la Secretaría de Comunciación Social de la Presidencia (SCSPR), el juez Orellana “interfirió en el ejercicio de funciones de otros organismos del Estado”, al remitir oficios al Congreso de la República y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acciones que el Ejecutivo considera “una invasión de competencias”.
Ante ello, el mandatario solicitó que el juez Orellana sea suspendido provisionalmente de sus funciones, conforme al artículo 52 de la Ley de la Carrera Judicial, y que, tras el proceso disciplinario, se declare con lugar la denuncia para imponer la sanción de destitución e inhabilitación para ejercer cargos en el Organismo Judicial.
El escrito compartido por la SCSPR detalla que Orellana incurrió en estos delitos.
- Falta grave, por “variar las formas del proceso y sus incidencias” (artículo 41, literal l).
- Falta gravísima, por “interferir en funciones de otros organismos del Estado o sus representantes” (artículo 42, literal h).
Además, se pide certificar lo conducente al Ministerio Público (MP) por posibles delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.
El origen del conflicto
La denuncia surge a raíz de la resolución emitida por Orellana el 25 de octubre de 2025, en la que declaró la nulidad absoluta del Comité pro formación del Movimiento Semilla, una decisión que provocó críticas desde el Ejecutivo y diversos sectores sociales.
El Gobierno la interpretó como un intento de intervención judicial en asuntos políticos, similar a las maniobras legales que en 2023 intentaron suspender al partido Semilla durante el proceso electoral.
De prosperar la denuncia, el caso podría convertirse en un precedente inédito, al ser la primera vez que un presidente de la República solicita formalmente la suspensión y destitución de un juez por interferencia institucional.
La Junta de Disciplina Judicial deberá ahora analizar la denuncia y decidir si procede la suspensión provisional del juez Orellana, mientras el país enfrenta una nueva tensión entre el Ejecutivo y sectores del sistema judicial.