El juez José Gilberto Godoy Archila, del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio, resolvió improcedente la solicitud presentada por el Ministerio Público (MP) para ordenar la captura del excandidato presidencial Roberto Arzú García-Granados, acusado de desobediencia.
Según la fiscalía, Arzú había continuado “atacando” públicamente a la fiscal general, Consuelo Porras, a pesar de requerimientos judiciales previos.
Sin embargo, el juez recordó que la Constitución garantiza la libertad de expresión y que los funcionarios públicos están expuestos a la crítica.
Godoy Archila subrayó además que la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer no puede aplicarse de manera “extensiva o arbitraria”.
También señaló que los indicios presentados por el MP no fueron suficientes, ya que no se acreditó ningún acto de coacción ni se explicó cómo las declaraciones de Arzú afectaron la condición de mujer de la fiscal general.
Así te lo contamos: Roberto Arzú aseguró que Consuelo Porras le puso denuncia por femicidio
Días atrás, Arzú expresó públicamente frente al Ministerio Público que la fiscal General, Consuelo Porras presentó una denuncia en su contra por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, argumentando que sus señalamientos contra Porras constituían un acto de agresión.
“La Fiscal General me puso una denuncia por femicidio. Ella misma, personalmente a mí, por femicidio. Para callar mi voz. Para que un juez me girara órdenes de restricción y ejercer mi libre derecho de libre emisión del pensamiento de poder criticar a un funcionario público. Hoy tengo esa restricción de poder hablar de ella públicamente, pero no me voy a callar, ni me va a silenciar ni ella ni nadie”, expresó.