Este martes se realizó una nueva sesión en el Congreso en el que se esperaba que los diputados avanzaran en varios puntos; no obstante, la mayor parte de la plenaria se centró en la discusión del veto presidencial del Decreto Legislativo 7-2025, la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
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“No tiene ningún sentido asignar dinero para obra pública que después se regrese al fondo, lo que necesitamos es que haya, como en este caso, más centros de salud, más escuelas”, dijo el mandatario, Bernardo Arévalo, hace unos días al justificar su decisión.
Sin embargo, durante la sesión, los congresistas aprobaron una moción, con 84 votos, propuesta por el diputado Álvaro Arzú Escobar, para avalar un acuerdo para que se publique el Decreto 7-2025. Congresistas de Vamos fueron los que más aplaudieron esta decisión.
Luego, con 86 votos, se le dio luz verde al documento, el cual deberá ser publicado en el diario oficial.
“Una vez más el equipo del presidente Arévalo lo vuelve a hacer mal y le conduce al error en el veto al decreto 7-2025. Felicito a los Diputados que le dan prioridad al desarrollo local por medio de los proyectos que vienen de la estructura participativa ciudadana y que no cedieron a los corruptos ofrecimientos ni a las amenazas de funas y descrédito en redes sociales que hizo el oficialismo”, dijo el alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la ANAM, Sebastián Siero.
Ejecutivo accionará
“El decreto 7-2025 fue vetado y devuelto dentro del plazo constitucionalmente establecido y cumplió todos los requisitos. Es una expresión clara de la decisión del Presidente de la República de no sancionar una iniciativa que, evidentemente, era inconstitucional”, expuso el Ejecutivo en un comunicado de prensa.
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“El Congreso debió conocerlo y actuar conforme a la Constitución, pero 86 diputados, con argucias, argumentos incorrectos y espurios, retorcieron el procedimiento. Ante esto, el Gobierno presentará las acciones legales respectivas para hacer valer esta decisión e impedir que una norma peligrosa que sacrifica
la transparencia y la calidad del gasto público entre en vigencia”, se añadió.