Está por finalizar el plazo constitucional que tiene el presidente Bernardo Arévalo para decidir si veta o sanciona el Decreto 7-2025, la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Además, ahora se le acumula otra ley en su escritorio debido a la reciente aprobación del Decreto 9-2025, que exceptúa presentar estudios de impacto ambiental, algo que ya criticó al decir que es una “mal llamada ley”.
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El gobernante ya se refirió en dos oportunidades en el Palacio Nacional de la Cultura, a que “analiza” la ley que centrada en agilizar los avales para la ejecución de los proyectos de infraestructura, principalmente en la provincia a través de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y autoriza el traslado de los fondos sin ejecutar para el siguiente año.
En una oportunidad, Arévalo mencionó “una posible inconstitucionalidad” en el análisis de este decreto, aprobado de urgencia nacional por los diputados del Congreso con 107 votos, cuyo plazo de 15 días para la decisión del gobernante de avalar o rechazar vence el 6 de octubre.
A la espera
El analista político Renzo Rosal se refirió al plazo final para el veto o sanción. “Todos los aires van en la línea del veto. Por un lado, estamos a la espera de una decisión que será fundamental y que de pronto ahora habría que unificarla o pensar en un veto también del Decreto 9-2025 que también aprobó el Congreso, digamos, dándole la espalda a la ciudadanía”, explicó.
Además, para Rosal si el mandatario se decide por el veto, como ya le sugirió el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, así como fue el planteamiento de las cámaras empresariales, como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, la decisión la tendrán los legisladores.
“Una vez que se dé el veto, el expediente o la ley regresaría al Congreso y si se logran los 107 votos como mínimo, se podría digamos, sancionar en definitiva la ley por parte del Congreso dejando por un lado el veto presidencial”, detalló el analista.
“Con el veto, los diputados que fueron ponentes de esta iniciativa van a ver cómo recuperan el espacio y una posibilidad que tienen enfrente a ellos es echar mano del proyecto de Presupuesto para el próximo año (la propuesta del Ejecutivo fue de 163 mil 783.4 millones de quetzales)”, mencionó Rosal.
Cambios ambientales
- Ley. Arévalo decidirá si veta o sanciona también el Decreto 9-2025 aprobado esta semana por los diputados que contiene reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y básicamente exceptúa la aplicación de los requisitos de impacto ambiental a instituciones benéficas, religiosas, los servicios profesionales individuales y las ventas de la economía informal (incluyen las tortillerías), que no emitan fluidos y gases contaminantes, y sus desechos sólidos sean aceptados por su recolector de basura.