El presidente Bernardo Arévalo volvió a decir que el Decreto 7-2025, la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, está en “análisis”.
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Se espera la decisión presidencial de veto o sanción y el plazo constitucional es de 15 días que finalizarán el 6 de octubre, explicó el mandatario en el Palacio Nacional de la Cultura previo a viajar a Nueva York, Estados Unidos, por los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas.
“Estamos en la fase de análisis precisamente con un énfasis en los temas de posible inconstitucionalidad del decreto”, dijo Arévalo.
Esta es la segunda ocasión en que el gobernante se refiere a que “analiza” esta ley. Ya lo hizo el 16 de septiembre, apenas días después que el Congreso le remitió el Decreto.
“Todavía está en plazo, está en proceso el estudio sobre la base de potenciales inconstitucionalidades. cuando termine el estudio, lo haremos público, y tomaremos la decisión”, recalcó Arévalo.
Criticada
La ley ya fue criticada por entidades académicas, económicas y empresariales, como el Cacif, debido a que se podrían acumular fondos para cada año electoral. Incluso, Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, criticó la ley y le recomendó al mandatario el veto.
A comienzos de septiembre, los diputados del Congreso aprobaron, de urgencia nacional, esta ley con 107 votos.
Al gobernante le corresponde vetar, es decir rechazar la normativa o sancionar para avalar y que siga su proceso hasta que se publique en el diario oficial y entre en vigor.