El miércoles 17 de septiembre, la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento en el Hotel y Centro de Convenciones California, ubicado en el departamento de Huehuetenango.
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Según el boletín oficial del MP, la diligencia incluyó allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, con el objetivo de entregar el inmueble a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).
La medida cautelar fue decretada por un juzgado especializado el 8 de agosto de 2025, pero fue ejecutada hasta este 17 de septiembre.
El caso está vinculado a la muerte de tres integrantes de la familia Molina Gonon.
De acuerdo con el MP, el terreno en el que fue construido el hotel pertenecía originalmente a esa familia y su traspaso mostró irregularidades.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado fue la que denunció estos hechos, lo que dio origen a la investigación.
El inicio del conflicto: dinero prestado, documentos firmados y un crimen sin resolver
De acuerdo con un reportaje de No Ficción, el origen del caso se remonta al año 2002, cuando Ramiro Molina, comerciante y figura política en Huehuetenango, entregó un préstamo que superaba los Q2 millones.
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El dinero fue solicitado para financiar la compra de un terreno con fines comerciales.
Según esa publicación, el acuerdo fue respaldado con documentación legal que establecía que la deuda debía saldarse en un plazo de dos años. Sin embargo, el pago no se concretó.
En 2004, dos años después del préstamo, se firmó un nuevo convenio de compraventa. Esta vez, quien figuró como comprador fue Juan Pacay Cabnal, guardaespaldas y persona de confianza del actual diputado Martín Nicolás Segundo.
Tres semanas después de esa firma, Ramiro Molina fue asesinado mientras se encontraba en su vehículo junto a su esposa, Marta Gonon.
Entre los años 2008 y 2014, se registraron pagos por Q2.6 millones en concepto de abonos por el terreno. La documentación correspondiente fue entregada al diputado.
El terreno, el hotel y las acciones judiciales
La investigación penal dio seguimiento al posible uso de ese terreno para construir el Hotel California, hoy intervenido por las autoridades.
El MP señaló que el traspaso de la propiedad en la que se desarrolló el proyecto mostró irregularidades.
Además, detectó que las empresas que figuran como propietarias del inmueble carecen de respaldo económico, lo que genera sospechas sobre su legitimidad.
En paralelo al allanamiento, el mismo 17 de septiembre, el Juzgado de Extinción de Dominio también ordenó la inmovilización de una segunda propiedad, esta vez inscrita a nombre de Miguel Mateo Nicolás Diego, hijo del diputado, asesinado en 2024.
La finca, según el expediente, fue adquirida en 2018 por un valor de Q1,000.
De acuerdo con una publicación de Prensa Comunitaria, durante la presentación del caso el MP sostuvo lo siguiente: “Se sospecha que las muertes están relacionadas a la deuda por el préstamo de un dinero para la compraventa de un inmueble en el cual el señor Martín Nicolás Segundo, actual diputado, pretendía realizar un complejo hotelero”.
Otros actores bajo investigación
El expediente también incluye a otros actores señalados por el MP. Entre ellos, la notaria Claudia Esther Barrientos Rendón, quien redactó la escritura con la que Juan Pacay Cabnal transfirió el terreno a la sociedad anónima Expansiones Comerciales Variadas.
Según Prensa Comunitaria, Barrientos también figura como representante de esa sociedad, lo que podría comprometer su rol en el proceso legal.
Otro involucrado es Boanerges Eduardo Vinicio Nicolás Ortiz Maldonado, abogado que participó en la compraventa del terreno.
El MP identificó que no cumplió con la presentación del Testimonio Especial de la Escritura Pública, una omisión que se considera grave dentro del procedimiento.
Ortiz fue detenido en 2023 y es investigado por posibles vínculos con estructuras dedicadas al despojo de propiedades, estafas y delitos relacionados con el Registro de la Propiedad.
En cuanto a Juan Pacay Cabnal, el MP señaló que no existen registros que respalden su capacidad financiera para adquirir un terreno de ese valor, lo que sugiere que pudo haber actuado como testaferro.
El perfil político del diputado
Martín Nicolás Segundo asumió cargos públicos años después de iniciadas las operaciones relacionadas con el terreno.
En 2016 fue electo como concejal en la municipalidad de Huehuetenango por el Partido Patriota (PP).
En 2020 se unió a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido con el cual resultó electo como diputado distrital.
En 2023 fue reelecto por la misma organización política.
Hasta la fecha, la UNE no ha emitido un pronunciamiento sobre este caso.
El diputado responde
Tras conocerse el operativo en el Hotel California, el diputado emitió un comunicado en el que expresó su postura sobre las acciones judiciales.
En el documento, aclaró cuatro puntos principales:
- Negó tener relación con el inmueble allanado, indicando que no posee vínculo jurídico ni patrimonial alguno con esa propiedad.
- Afirmó su disposición a colaborar con la justicia, pese a contar con el derecho de antejuicio.
- Rechazó los señalamientos, atribuyéndolos a intentos de desprestigiarlo por su condición de figura pública.
- Pidió a la ciudadanía mantenerse informada por medios oficiales y no dejarse influenciar por comentarios malintencionados en redes sociales.
En su mensaje, el legislador declaró: “No tengo nada que ocultar y confío en el debido proceso”.
Estado actual del caso
Las dos propiedades vinculadas al caso permanecen bajo medidas de inmovilización judicial.
La investigación se mantiene activa, y el MP analiza posibles delitos relacionados con el uso de empresas de cartón, lavado de dinero, despojo de bienes inmuebles y homicidio.
Hasta el momento, no se ha informado si se presentará una solicitud formal para retirar el antejuicio al diputado Martín Nicolás Segundo.