Desde la mañana del miércoles 10 de septiembre, vecinos del municipio de Uspantán, Quiché, utilizaron sus redes sociales para denunciar a supuestos trabajadores municipales por agarrar de forma violenta a perros en distintos sectores de la localidad.
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Según las publicaciones compartidas por los denunciantes, los perros son sometidos mediante lazos y tubos, para luego ser trasladados, según indican, a un albergue.
Sin embargo, aseguran que después de estos traslados no vuelven a tener información sobre el paradero de los animales.
Los vecinos también recordaron que en 2024, los mismos supuestos trabajadores se llevaron a 40 perros. Señalan que, en esa ocasión, tampoco se conoció el destino de los animales tras su ingreso al albergue mencionado, el cual aparentemente está a tres horas de distancia de esa localidad.
En una de las fotografías compartidas esta semana, se observa a un perro tirado en la calle, rodeado por personas que, según los vecinos, serían empleados municipales.
Tras la difusión de estas denuncias, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) informó mediante un comunicado que ha dado seguimiento al expediente número UBA-082-2024, el cual contiene una denuncia relacionada con maltrato animal en el municipio de Uspantán.
Según el comunicado, el caso generó preocupación ciudadana por el manejo inadecuado de los animales, lo cual fue manifestado en redes sociales.
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La UBA indicó que se inició el proceso correspondiente y que se trabaja de manera interinstitucional, conforme a lo establecido por la Ley de Protección y Bienestar Animal, Decreto 5-2017.
El MAGA informó que la fase de investigación ha concluido y actualmente se encuentra en etapa de opinión y resolución. Al finalizar dicha etapa, se procederá con los trámites administrativos correspondientes y se emitirá la notificación oficial a las partes interesadas.
La Unidad reafirmó su compromiso de velar por la protección y respeto hacia los animales en el territorio nacional, e hizo un llamado a la población a utilizar los canales oficiales de denuncia para permitir un seguimiento ágil y transparente de cada caso.
