El presidente Bernardo Arévalo decidirá si avala o rechaza la recién aprobada Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos que permite a los Departamentales de Desarrollo (Codedes) el traslado de fondos cada año. El Decreto 7-2025 ya fue criticado por entidades académicas, económicas y empresariales debido a que se podrían acumular fondos para cada año electoral.
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En ese sentido, el Congreso está por enviar la ley que se aprobó de urgencia nacional con 107 votos. Al gobernante le corresponde vetar, es decir rechazar la normativa o sancionar para avalar y que siga su proceso hasta que se publique en el diario oficial y entre en vigor.
Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, criticó al Congreso por la aprobación y se refirió a que su recomendación presidencial es el veto de la ley.
Se conoció que un equipo legal de la Presidencia analiza la ley previo a que Arévalo tome su decisión. Se informó que lo hará “apegado a la Constitución y velando por los intereses del país”. Se prevé que el Organismo Legislativo, que preside el diputado Nery Ramos, informe acerca del traslado de la ley al Palacio Nacional.
Rechazo
Tanto las cámaras empresariales como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Cámara de Comercio de Guatemala compartieron su preocupación por el decreto aprobado por los legisladores que “limitan el desarrollo del país”. Además, solicitaron al mandatario el veto.
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) invitó al Ejecutivo a revisar “detenidamente” las implicaciones de la ley que ya es conocida también como para avalar gastos exprés. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) pidió rechazar el decreto debido a que “vulnera la anualidad presupuestaria y relaja controles clave”.
“Hay razones, incluso, constitucionales para vetar esta ley. Por supuesto que voy a recomendar al presidente el veto”.
— Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas
Presupuesto
- Anualidad. Un aspecto a analizar es que el presupuesto de cada año concluye cada 31 de diciembre y obliga a las entidades a reintegrar a Tesorería los saldos que no correspondan a obligaciones pendientes. Todos los ingresos deben concentrarse en el fondo común a cargo de la cartera de Finanzas.