La Guardia Civil descubrió un escenario de extrema crueldad animal en una finca de Azuaga, Badajoz, donde encontró 32 perros podencos -utilizados para caza mayor- muertos por inanición y deshidratación. Los animales llevaban abandonados desde junio, algunos atados con cadenas o encerrados en boxes, en condiciones de insalubridad tan extremas que llegaron a alimentarse de los cadáveres en descomposición de otros canes.
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El Seprona imputó al dueño de la finca, un cazador de unos 40 años conocido localmente como ‘El Patilla’, por un delito de abandono animal con resultado de muerte. Vecinos del municipio, que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, confirmaron la mala reputación del implicado, quien fue puesto en libertad a la espera de juicio.
El partido animalista Pacma calificó los hechos de “extrema crueldad” y denunció las condiciones habituales en que se mantiene a los perros de rehala: “El sufrimiento que han padecido estos animales es insoportable de imaginar”, declaró a medios locales Javier Luna, presidente nacional del partido, quien convocó una manifestación en Madrid para exigir mayores controles.
Este caso evidencia las lagunas de la Ley de Bienestar Animal de 2023, que excluye explícitamente a los perros de caza de sus protecciones básicas. Mientras las mascotas domésticas tienen garantizados cuidados mínimos, los canes cinegéticos pueden permanecer atados indefinidamente sin identificación obligatoria ni supervisión adecuada.
El imputado se enfrenta a una posible condena de hasta dos años de prisión, aunque la pena probablemente sería suspendida por no superar el límite legal. La investigación judicial continúa mientras las organizaciones animalistas redoblan sus esfuerzos para que este tipo de tragedias no se repitan.