La Unión Europea ha anunciado sanciones significativas contra tres guatemaltecos y una fundación en Guatemala, en respuesta a sus acciones que, según el bloque, socavan la democracia y el Estado de Derecho.
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“El Consejo decidió hoy imponer medidas restrictivas a otras tres personas y una entidad en relación con acciones que socavan la democracia y el estado de derecho en Guatemala”, informó la Unión Europea en un comunicado.

Los sancionados son:
- Ricardo Méndez Ruiz
- Raúl Falla Ovalle, ambos de la Fundación Contra el Terrorismo Guatemala (FCTG)
- Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez
Se les acusa de intimidar y perseguir a periodistas, abogados, jueces y fiscales, en un esfuerzo por desestabilizar las instituciones democráticas del país, según la entidad internacional.
Postura
En redes sociales se pronunció el sancionado Méndez Ruiz.
¡Una medalla más! pic.twitter.com/VEHjb8ba35
— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) June 12, 2025
La sanción
“El Consejo ha incluido en su lista a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle por acciones que atentan contra el Estado de derecho en Guatemala, consistentes en persecución e intimidación a representantes de los medios de comunicación, abogados, jueces y fiscales.
El FCT y sus miembros objeto de estas sanciones han iniciado multitud de investigaciones penales contra operadores de justicia, periodistas y representantes del gobierno, y han intimidado a la sociedad civil y al poder judicial”.
El caso del juez: “El Consejo también impuso medidas restrictivas al juez de primera instancia penal del Juzgado Décimo de lo Penal de Guatemala, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, por acciones que atentan contra la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, como la persecución e intimidación de representantes de los medios de comunicación, y de abogados y fiscales”.
Lo que implica
Los ciudadanos sancionados y las empresas de la UE tienen prohibido ponerles fondos a su disposición. Además, las personas físicas están sujetas a una prohibición de viaje, lo que les impide entrar o transitar por el territorio de la UE.