Según la agencia de noticias Reuters, la administración de Donald Trump presiona al gobierno de México para investigar y, en todo caso, extraditar a políticos sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico.
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Sin embargo, horas después la embajada de Estados Unidos en México desmintió a la agencia Reuters sobre supuestas presiones al gobierno mexicano para extraditar a políticos relacionados con el crimen organizado, así como una supuesta lista de personajes, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la nota de la agencia titulada “Estados Unidos presiona a México para que procese y extradite a políticos con vínculos con cárteles” es falsa
Ya que de todos los acuerdos entre ambos gobiernos se dan a conocer las conversaciones que sostienen sobre diversos temas, entre ellos la seguridad.
“Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado, se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México. Las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos.
Estados Unidos impulsa lucha contra corrupción
Según la agencia, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tuvo conversaciones con funcionarios mexicanos, para que el gobierno de Claudia Sheinbaum avance en contra de la corrupción en el entorno político. Además, detalló que esta medida debe aplicarse también a miembros de Morena.
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Reuters fue más allá y afirmó que funcionarios de Estados Unidos amenazaron con la imposición de más aranceles en caso de que el gobierno no aporte resultados en torno al combate de la corrupción y del crimen organizado.
De esta manera, La Casa Blanca impone más medidas y estrategias sobre México, lo cual recuerda la entrega de 29 miembros de cárteles y la vigilancia en la frontera para detener el tráfico de fentanilo.
La supuesta solicitud se hizo en una reunión en Washington el 27 de febrero, encabezada por Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.
El exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, señaló que el Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a varios funcionarios, quienes podrían enfrentar la cancelación de visas, como presuntamente sucedió con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres.
A través de su cuenta de X, Levy publicó una lista de funcionarios supuestamente investigados, entre ellos los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y Sinaloa; además de dos secretarios de Estado vinculados supuestamente al Cártel del Golfo.