En un hecho sin precedentes en la región, Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en prohibir el ingreso a autoridades del Ministerio Público de Guatemala, específicamente a la fiscal general Consuelo Porras y a quienes el presidente Gustavo Petro calificó como “sus amigos mafiosos”.
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La medida fue anunciada durante el gabinete televisado del martes por la noche, donde Petro acusó a las autoridades guatemaltecas de “burlarse de la dignidad de Colombia”.
El mandatario colombiano también ordenó a su cancillería iniciar los trámites para presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “delitos de lesa humanidad cometidos por mafias multinacionales” en varios países, incluyendo Guatemala, México y Colombia. Esta decisión se da en respuesta a las órdenes de captura emitidas por Guatemala contra el excomisionado anticorrupción Iván Velásquez (actual embajador de Colombia ante el Vaticano) y la fiscal Luz Adriana Camargo.
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Desde sus redes sociales, Consuelo Porras respondió al presidente Petro: “No se confunda. El pueblo de Colombia tiene todo mi respeto y admiración. Es un honor apoyar en la búsqueda de justicia contra la corrupción que, lamentablemente, ha llegado a ocupar puestos importantes en su Gobierno”. Además, expresó su deseo de que Colombia “pueda liberarse de esta situación difícil, tal como lo hicimos en Guatemala”.