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Funcionarios de Guatemala y Colombia se pronuncian por órdenes de arresto en relación al caso Odebrecht

Las respectivas autoridades han defendido sus posturas con relación a las ordenes de arresto solicitadas por la FECI.

Funcionarios de Guatemala y Colombia se pronuncian por órdenes de arresto en relación al caso Odebrecht
Funcionarios de Guatemala y Colombia se pronuncian por órdenes de arresto en relación al caso Odebrecht

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró que no existe una orden de captura internacional en su contra, luego de que Guatemala solicitara su arresto por el caso Odebrecht. Camargo explicó que, al tratarse de un convenio entre gobiernos y haber sido rechazada la solicitud por Colombia, la orden solo tendría vigencia en territorio guatemalteco. Además, cuestionó que la medida fuera emitida por un tribunal de apelaciones y no por un juez de control, como es lo habitual.

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Por su parte, el excomisionado de la CICIG y actual embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, acusó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y al fiscal Rafael Curruchiche —sancionados por EE.UU. y la UE por corrupción— de perseguirlo políticamente. En redes sociales, Velásquez expresó su solidaridad con los exfuncionarios y ciudadanos guatemaltecos que han sido forzados al exilio por estas acciones.

Porras respondió duramente, llamando a Velásquez “prófugo” y acusándolo de traicionar al Departamento de Estado de EE.UU., a la ONU y al pueblo guatemalteco durante su gestión en la CICIG. “Resultó ser más corrupto que aquellos a quienes vino a investigar”, afirmó.

El gobierno de Guatemala rechazó estas acciones judiciales, alegando que carecen de sustento legal y señalando que se realizan con un “evidente objetivo político”.

Mientras tanto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, comparó la situación con lo ocurrido en Perú con Pedro Castillo y criticó que ciertas fiscalías en América Latina “obedecen al crimen organizado”. Además, propuso crear un tribunal internacional para juzgar a las “multinacionales del narcotráfico” por crímenes de lesa humanidad.

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