Consuelo Porras comienza su último año como fiscal general en el segundo período al frente del Ministerio Público (MP), la entidad que lidera las investigaciones como respuesta a todos los delitos que se cometen a diario en Guatemala.
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En la actualidad, la fiscal ha mantenido una disputa con el presidente Bernardo Arévalo, quien en repetidas oportunidades ha pedido su renuncia. Incluso, con iniciativas de ley en el Congreso para devolverle el poder de destitución que fue suspendido en 2016.
Porras entrega su informe de cuentas el 16 de mayo de 2025 al culminar su tercer año de la actual gestión con sanciones internacionales, incluyendo de “actor corrupto” por las autoridades estadounidenses que la incluyeron en la “Lista Engel”.
Porras terminó su primer período de cuatro años en 2022 luego del nombramiento que hizo el presidente Jimmy Morales. Después, su sucesor Alejandro Giammattei, la nombró para otros cuatro años.
El mandatario Arévalo junto con líderes indígenas accionó en contra de Porras con un recurso de amparo luego del encarcelamiento por “terrorista” de Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo, y Héctor Chaclán, ambos exintegrantes de la entidad indígena 48 Cantones de Totonicapán, que lideró las protestas en 2023 para defender los resultados electorales. Así también, el gobernante activó las vías internacionales los señalamientos contra Porras.
“Este gobierno estará cambiando a la fiscal para poner un fiscal o una fiscal que sí esté comprometido con la defensa de la democracia”, dijo Arévalo. Será en mayo del próximo año cuando haga el nombramiento.
Evaluación
El analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), hizo una evaluación general de lo que lleva Porras al frente de la Fiscalía. “En el comparativo de las últimas dos fiscales (Thelma Aldana y Claudia Paz), estamos hablando del nivel de eficiencia, es decir, el manejo de los casos y la ingeniería de los procesos, Porras ha tenido un papel muy destacado sobre sus antecesores en eso”, se refirió.
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Quezada también revisó la gran cantidad de casos “resueltos” pero que en realidad solo son archivados o desestimados. “En el tema donde queda a deber es en la eficiencia grande, pero en el aspecto de archivar muchos expedientes, quiero decir que los casos, de una buena medida, van al archivo y ya no se investigan”, mencionó el analista.
“La eficiencia en el manejo del inventario mejora, pero hay una gran diferencia entre los casos que se llegan a sentencia o que se judicializan en comparación con los que se dejan y son archivados, queda con esa deuda la fiscal Porras”, explicó Quezada.
Por último, el experto en temas judiciales se refirió al “beneficio de expandir a todo el país las fiscalías. Tiene mucha más expansión que las otras fiscales Aldana y Paz que le antecedieron en el cargo. Sin embargo, vale la pena hacer una evaluación de las fiscalías, es decir, revisar con datos el costo beneficio en el avance de los casos”.
Confrontación
- Mediático. “El tema de la confrontación mediática y judicial de la fiscal Porras con el Ejecutivo es la repetición del capítulo que tuvo la fiscal Thelma Aldana que se enfrentó con el presidente de aquel entonces (Otto Pérez Molina). En ambos casos fue muy llamativo y mediático y el desgaste fue para ambos. Es como que se repite la misma escena. Esto no quiere decir que sea malo, porque si hubiera un fiscal muy silencioso se dudaría de la capacidad de investigación, pero es un tema reiterativo”, explicó el analista Quezada.
