Un caso de supuestos hechos de corrupción fue revelado este lunes 12 de mayo en el Palacio Nacional de la Cultura en la cual las autoridades estatales denunciaron un desfalco en el Hospital General San Juan de Dios por 10 millones 500 mil quetzales y estaría involucrado el exviceministro de Salud, Gerardo Hernández.
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Los hechos fueron detallados por Julio Flores, titular de la Comisionado Nacional Contra la Corrupción (CNCC), y Mynor Melgar, titular de la unidad de probidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
En ese sentido, Flores destacó la lucha contra la corrupción y las 67 oficinas de probidad que están en áreas estratégicas estatales. “Un caso más que definitivamente implica un mal uso de los fondos públicos, pero que definitivamente debemos ponerle un rostro a los afectados y de nuevo son los guatemaltecos”, dijo.
Manera de actuar
Melgar detalló que la revisión del caso por compras fraccionadas se hizo de 2020 a 2023 y señala, directamente durante hallazgos de una auditoría interna, a Hernández, quien dirigió el centro asistencial de la zona 1 y posteriormente fue viceministro de Hospitales.
Entre los hallazgos es que tres empresas tienen el mismo contador. En la denuncia planteada señalan a las entidades: Spenwell Construcciones, S.A.; Mecánica Industrial y Consultoría Profesional, S.A.; Blezz, S.A.; y el Grupo Escaparate.
El jefe de probidad del MSPAS destacó que un arrendamiento de computadoras por 20 días se pagó 4 millones, 552 mil 400 quetzales aunque se carece del listado de computadoras que arrendaron de 2022 a 2023 y el arrendamiento fue fraccionado.
También se pagó 4 millones, 955 mil 523.13 quetzales por la impermeabilización y reparación de la loza de la terraza del centro asistencial, aunque se carece del pedido y se pagó el monto sin haberse realizado los trabajos.
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Además, por la adquisición de servicios de instalación de cielo falso en el hospital se pagó 704 mil 173 quetzales, pero sin registro de vehículos o personal a realizar los trabajos.
Por último, el Hospital pagó 498 mil 200 quetzales por la medición de parámetros eléctricos, pero sin registro de personal que hiciera los trabajos.
