El domingo 4 de mayo, las autoridades peruanas hallaron sin vida a los 13 trabajadores mineros que habían sido secuestrados el pasado 26 de abril en la provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad. Los cuerpos, encontrados maniatados en un socavón, evidencian una posible ejecución extrajudicial. La Policía Nacional del Perú (PNP) no logró establecer negociaciones durante los días del secuestro.
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El principal sospechoso del crimen es Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, cabecilla de una organización criminal que opera en la zona y que habría exigido un rescate de cuatro millones de soles. Esta masacre ocurre en un contexto de violencia constante y minería ilegal, pese al estado de emergencia vigente desde febrero en la región.
Como respuesta, el Ministerio del Interior anunció el despliegue de unidades especiales de la PNP para capturar a los responsables. Mientras tanto, el hecho ha generado una crisis política: varios congresistas impulsan una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a quien acusan de falta de liderazgo y desconexión con la gravedad del caso.
