Beatriz Blanco, una jubilada de 87 años agredida por la Policía Federal Argentina (PFA) durante una protesta el pasado miércoles, presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y dos agentes policiales. Según el documento, los hechos constituyen “delito de lesiones leves agravadas” por abuso de función, ya que los responsables actuaron como miembros de las fuerzas de seguridad.
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Blanco relató que fue rociada con una sustancia lacerante y golpeada en la cabeza con una tonfa (porra policial), lo que la hizo caer al suelo. En su denuncia, acusó a Bullrich y al responsable del operativo de ser “autores mediatos” del delito, al valerse de sus subordinados para ejecutar acciones represivas. Además, señaló que el Gobierno implementa un “Programa de Miseria Planificada” y utiliza el aparato represor del Estado para mantener el control.
Por su parte, Bullrich defendió la actuación policial y anunció que denunciará penalmente a los 114 detenidos durante la protesta, a quienes acusó de pertenecer a “patotas, barras bravas y agrupaciones de izquierda violentas”. El presidente Javier Milei respaldó a su ministra, calificando a los manifestantes como “hijos de puta” y prometiendo que serán llevados ante la justicia.
El incidente ha generado un fuerte debate sobre el uso de la fuerza en las protestas y la responsabilidad de las autoridades en la represión de manifestaciones sociales.