Las reformas a la Ley de Tránsito aprobadas el pasado 22 de noviembre por los diputados al Congreso de la República provocaron reacciones a favor y en contra. Sin embargo, los cambios no abordan la problemática de la siniestralidad vial, argumentó la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
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El boletín estadístico más reciente del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), registró de enero a agosto del presente año 5 mil 363 hechos de tránsito, mil 546 fallecidos y 5 mil 533 lesionados.
En el periodo de 2011 a 2023, la cifra de hechos de tránsito a nivel nacional fue de 87 mil 335, representando una media anual de 6 mil 718, según el reporte. En ese mismo lapso de tiempo, 22 mil 322 personas fallecieron en accidentes viales, es decir, una media anual de mil 717 víctimas.
Reformas poco ambiciosas
El titular de la Defensoría del Usuario del Transporte Público, Édgar Guerra, realizó un análisis de las modificaciones a la Ley de Tránsito y consideró que no fueron ambiciosas. Recalcó que los cambios únicamente se centraron en el ámbito administrativo y no en “salvar vidas”, a pesar de que es una obligación del Estado garantizar la integridad de los guatemaltecos.
Mencionó, entre las reformas necesarias, la intervención y regulación con mayor rigidez de la prevención y sanción por la conducción a exceso de velocidad, las multas por el consumo de bebidas embriagantes de pilotos y la contaminación ambiental auditiva producida por escapes y motores.
El uso obligatorio de casco certificado para motoristas y acompañantes, evitar que esos vehículos no transporten a más de 2 personas son algunas de las tareas pendientes de mejorar en la Ley de Tránsito, agregó.
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“Contar con un transporte público seguro y eficiente. La obligación de portar placas en los vehículos, con sanciones ejemplares y las verificaciones de cumplimiento de manera constante por parte del Departamento de Tránsito, Policías Municipales de Tránsito autorizadas, así como facultar a Provial para sancionar en carretera, reestructurar y modernizar la Dirección General de Transportes”, remarcó.
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Entre los otros puntos considerados por Guerra como centrales y pendientes de modificar a la Ley de Tránsito está el fortalecimiento a las instituciones encargadas de regular el tránsito y el transporte en Guatemala, dotándolas de tecnología, así como de suficientes recursos para operar.
“Crear mecanismos efectivos y canales de denuncia ciudadana que eviten el cobro de coima y otras irregularidades cometidas por funcionarios públicos. Estos serían algunos de los cambios adicionales y urgentes a esta normativa, por medio de las cuales se mejorarían las condiciones de eficiencia, transparencia, probidad y seguridad del tránsito en el país”, insistió.
Reformas aprobadas
Durante el primer año de la Legislatura 2024-2028, los diputados al Congreso presentaron a la Dirección Legislativa dos propuestas de reformas a la Ley de Tránsito, una de ellas enfocada en la rotulación de vehículos oficiales y la otra en la obtención de la primera licencia. Diputados de diferentes bancadas y comisiones discuten otras iniciativas que en algunos casos abordan los hechos de tránsito.
La reforma aprobada por los legisladores el 22 de noviembre modifica aspectos relacionados con la digitalización de la tarjeta de circulación, la obligación de las municipalidades de notificar multas impuestas y la prohibición a las Policías Municipales de Tránsito de sancionar en rutas nacionales. También refuerza el derecho de defensa y norma la rotulación del parque vehicular estatal.
