Esta semana, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló nuevos detalles relacionados con el caso de posible defraudación denominado “B410″. Además, informó que presentó más denuncias penales. Tanques de pensamiento y expertos consideran que con ello se evidencia la necesidad de impulsar reformas que permitan un mejor control de empresas proveedoras del Estado.
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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) explicó en un comunicado de prensa que un elemento “importante en el diseño y operación de estas redes” fue la creación de empresas ficticias o de cartón que, a su consideración, resultan favorecidas por los mecanismos de arbitraje contemplados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que permiten estrategias de planificación fiscal agresiva.
“En sus estudios e investigaciones, el Icefi ha recomendado corregir esta legislación como medida para evitar estas pérdidas de recaudación. En 2023, el Instituto estimó que estos mecanismos generan una pérdida fiscal anual de alrededor del 3.9% del producto interno bruto, equivalentes a Q21,590.6 millones en 2022″, mencionó.
La entidad agregó que los mecanismos de defraudación denunciados en el caso “B410″ evidencian la fragilidad y debilidades en el sistema de adquisiciones públicas, especialmente en las municipalidades.
“Una deficiencia notoria es que para calificar a los proveedores solo se requiere la solvencia fiscal, una constancia de ausencia de incumplimiento en deberes tributarios formales, y no son objeto de auditorías frecuentes que verifiquen el pago de impuestos. Estos proveedores, al suscribir contratos con entidades estatales, al margen de que se ejecuten o no las ventas de los bienes y servicios, la ley les permite documentarlas en sus contabilidades”, remarcó.
Surgen propuestas
Considerando ese contexto, el Icefi recomendó al Ejecutivo y al Legislativo dar su apoyo, así como complementar los esfuerzos de la SAT con reformas a la legislación tributaria que corrijan las “debilidades” de la Ley del ISR, suprimiendo los mecanismos de arbitraje, fortaleciendo las sanciones a los defraudadores denunciados, inhabilitándoles el número de identificación tributaria.
Parte de la estrategia conllevaría el acceso inmediato de la SAT a las bases de datos de proveedores de energía eléctrica y agua para verificar los domicilios de los contribuyentes que solicitan crédito fiscal o que generen deducciones a favor de otras empresas.
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“Además, el Icefi recomienda que los proveedores y contratistas del Estado deben ser controlados por la SAT en calidad de contribuyentes especiales, fortaleciendo los controles de cumplimiento tributario y auditarlos con frecuencia. Para el Instituto, el caso ‘B410′ confirma la improcedencia e inconveniencia de debilitar los controles establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, especialmente los aplicables a las operaciones de adquisición pública realizadas por las municipalidades, contrario a lo que en la actualidad están solicitando grupos de alcaldes”, puntualizó.
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Se necesita esclarecer
Al respecto, Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), recalcó la importancia que tendrá la investigación del Ministerio Público (MP), la que permitirá esclarecer lo sucedido y responsabilizar a los involucrados.
“Definitivamente, el gran desafío es la investigación penal que el Ministerio Público deberá hacer con estos primeros indicios que la SAT ha presentado, así que es un importante mensaje para conocer las investigaciones que el MP está haciendo y avances que puedan comentar”, recalcó.
La SAT denunció en agosto a 35 contribuyentes por la posible comisión de delitos tributarios, pero la más reciente actualización es que la denuncia penal se amplió contra 206 contribuyentes más.
