Completada la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a las Salas de Apelaciones, analistas consideran que los acuerdos evidenciados por la rapidez de las votaciones en el Congreso y los perfiles designados demostrarían la subordinación que los funcionarios judiciales tendrán hacia distintos sectores, por lo que no avizoran mayores cambios que beneficien a la ciudadanía en los próximos cinco años.

El analista político independiente Renzo Rosal no ve posible retomar la “senda de la justicia” en el país y lo catalogó como una tarea pendiente. Detalló que ambas elecciones se vieron influenciadas por las mafias que han controlado el sistema.

Además, mencionó que podría considerarse un resultado “gris” porque aunque varios magistrados serán nuevos, sus relaciones y vínculos políticos los sitúan en un espacio “bastante cuestionable”.

“Es un conjunto de actores subordinados. No veo uno solo que escape a esa relación. Lo que hicieron las mafias que controlan la justicia es tomar control de toda la elección y no dejar que ninguno se les escapara, no permitieron una correlación de fuerzas”, explicó.

Remarcó que imperaron las agrupaciones que han mantenido el control de la justicia y descartó la inclusión de perfiles positivos. Recalcó que no hay una fuerza dominante, lo cual podría incidir en la búsqueda de espacios y negociaciones que dependerán de los incentivos que tengan los magistrados.

Dos perdedores

Mientras tanto, el consultor político Byron Barrera Ortiz señaló a “dos grandes perdedores” en el proceso de elección de magistrados: las comisiones de postulación y la bancada suspendida Movimiento Semilla.

Barrera expresó que las postuladoras se han convertido en un filtro innecesario e inútil, ya que el mismo gremio de abogados, a través de sus estructuras mafiosas, decide la elección de las cortes.

“Por otro lado, el partido Semilla no sabe jugar el partido. Negociar con Sandra Torres y el partido Vamos le trae como consecuencia un gran margen de derrota, sumado a los incumplimientos de compromisos, que inspiran desconfianza en las bancadas legislativas”, añadió.

De forma similar opinó Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana y experto en temas de transparencia, ya que considera no se pueden avizorar cambios en el sistema de justicia. Señaló, a la vez, los vínculos de varios de los designados con posibles estructuras proimpunidad.

“Más de lo mismo… el proceso no tuvo mayores variantes respecto a pasados procesos. Prevalecieron los intereses de los grupos y redes que operan alrededor de las cortes y el MP para asegurarse impunidad. Fue un cambio para que nada cambie”, manifestó.

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Acuerdos evidentes

Respecto a la votación de los diputados del Congreso a la República para designar a los magistrados de las Salas de Apelaciones, la organización Pro Justicia señaló que 93 fueron electos con una amplia mayoría, pues recibieron entre 150 y 159 votos, lo cual confirma que los acuerdos se mantuvieron e hicieron posible la elección de más de la mitad de los funcionarios. Luego de ese bloque sólido, los votos empezaron a mermar para el resto.

“De todas maneras, un grueso número quedó electo con un rango de votos entre 149 y 140. Quienes tienen menos de esa cantidad de votos son un número menor y entre ellos hay figuras cuestionadas como la jueza Eva Recinos y Juan José Bolaños, exdirectivo de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Usac y quien estuvo prófugo algunos meses por el caso ‘Comisiones paralelas 2020′”, agregó.

Entre algunos de los magistrados señalados, según Pro Justicia, está Mirna Caballeros, la exabogada de Blanca Stalling; la fiscal Cindy Euler, vinculada con la fiscal Cinthia Monterroso y al supuesto uso de recursos del MP para investigaciones personales; Marcelo Sarti, vinculado en redes sociales a un netcenter; el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz; y Alejandro Prado, exabogado del diputado Felipe Alejos y del expresidente Jimmy Morales.