En la madrugada del domingo 8 de septiembre se registró nuevamente un pavoroso incendio en el condominio Marina de Sur, en las residencias Juan Gaviota, ubicadas en el Puerto San José, del departamento de Escuintla. Lamentablemente, no es la primera ocasión que se registra un siniestro de este tipo y los internautas se empiezan a cuestionar cuál es el misterio de los incendios.
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En esta última vez, una persona perdió la vida, el fallecido fue identificado como Martín García, quien supuestamente era el propietario de la vivienda. Aparentemente, las pavorosas llamas iniciaron por la explosión de un cilindro de gas.
Según versiones, la víctima percibió el olor a gas, por lo que descendió al primer nivel para verificar y al encender la luz se generó la fuerte explosión. La estructura de la vivienda sufrió severos daños, grietas de grandes dimensiones y el desplome de algunas columnas, por lo que la vivienda quedó en estado inhabitable,
Por su parte, los cuerpos de socorro que cubrieron la emergencia informaron que otras cuatro personas más resultaron con heridas graves debido a la intensidad del fuego.
En un mes, dos hechos similares han levantado las alertas de las personas que residen en ese condominio playero, pues el 7 de agosto del presente año, medios locales alertaron que en uno de los ranchos vacacionales se produjo un cortocircuito, dando lugar a que el humo se esparciera a las residencias aledañas.
En esa ocasión, también surgió la versión de que un rayo fue el que cayó provocando el fuego que arrasó con los ranchos. No se reportaron personas fallecidas.
EN 2017
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Históricamente, se conoció que en el año 2017 en el mismo complejo, tres viviendas quedaron destruidas y otras cuatro dañadas debido a un incendio por cortocircuito ocurrido aproximadamente a las 4 horas de la madrugada.
Los cuerpos de socorro detallaron que atendieron a varias personas con crisis nerviosa; sin embargo, no fue necesario trasladar a ninguna a algún centro asistencial. Casualmente, el siniestro de esa vez fue cercano a la casa que era de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que en el 2015 pasó a manos del Estado.
