El gobierno del presidente Bernardo Arévalo solo tendrá aproximadamente cuatro meses para ejecutar la ampliación presupuestaria de Q14 mil 151 millones 700 mil 391 aprobada por el Congreso de la República el pasado 27 de agosto. El corto tiempo, capacidad mostrada por el Ejecutivo para gastar y la permanencia de personal vinculado a administraciones pasadas son algunos de los riesgos que advierte el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
PUBLICIDAD
El incremento de Q1 mil 881 millones al aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y de Q1 mil millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) carecen de justificación técnica y constituyen riesgos de abuso o corrupción, destacó el Icefi en un comunicado de prensa.
Ricardo Barrientos, del Icefi, explicó que el monto de la ampliación presupuestaria es “voluminoso”, para un tiempo corto de ejecución, lo cual genera preocupación. Como primer punto, recordó que, pese al cambio de autoridades en la mayoría de instituciones gubernamentales, “mucha de la estructura” en los ministerios no ha cambiado.
Agregó que del total de la ampliación presupuestaria, aproximadamente Q6 mil millones corresponden a transferencias, es decir, gastos “rígidos”, que no ejecutará la administración central. Respecto al aporte extraordinario de los Codede, transferencias al Congreso, al Organismo Judicial y entidades del sector de justicia, recordó que el gasto dependerá de las municipalidades y otras instituciones que no están bajo control del presidente.
“A la fecha, los Codede solo han ejecutado poquito más del 18% de la asignación que tienen sin ampliación, si se la sumamos, sería alrededor del 12%. Entonces sí ponemos en duda si en los 4 meses que restan van a poder suscribir convenios con las municipalidades para ejecutar casi Q6 mil millones y de manera eficiente, gasto público de alta calidad, transparente y probo, sin corrupción, considerando que las estructuras de los Codede no ha cambiado y algunos alcaldes no están en línea con las prioridades del presidente Bernardo Arévalo”, manifestó.
Posible discrecionalidad
El otro aspecto que ha provocado preocupación es el artículo 12 de la ampliación presupuestaria, ya que su redacción podría considerarse poco clara o ambigua y que hace referencia al artículo 15 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual podría dar pie a una interpretación de que las asignaciones no ejecutadas quedarían “automáticamente” aprobadas para el siguiente año.
“No es una práctica aconsejable y ha generado abusos y prácticas de corrupción en el pasado. Es un incentivo para no ejecutar, “jinetear el dinero”, no se ejecuta, pero se le saca rédito al dinero. Cuando el dinero sí se trasladó y no se ejecutó, la ley dice que debe retornarse al fondo común... pareciera que sí hay una intención de quedarse con el dinero que no se ejecutó”, advirtió.
PUBLICIDAD
Aseguran tener ruta
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, aseguró que trabajan en una hoja de ruta para la ejecución de los recursos contenidos en la ampliación presupuestaria con la finalidad de conseguir una mayor producción de servicios públicos, garantizar la mejora de las pensiones de las clases pasivas civiles del Estado y el programa de adquisición de primera vivienda, entre otros.
“Nuestra expectativa es empezar la ejecución ahora en septiembre y llevar al final la ampliación, más los recursos del Presupuesto vigente a un porcentaje de ejecución del 92% al 95%”, añadió.
