Analistas consultados y cámaras empresariales que han emitido comunicados de prensa destacan el caso “B410″ revelado la semana pasada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero en especial la necesidad de llegar hasta los responsables de la posible defraudación de más de Q300 millones en impuestos.
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Marvin Flores, analista independiente en temas de transparencia pública, expresó que este tipo de estructuras no son nuevas y mencionó casos detectados en la presidencia de Alfonso Portillo (2000-2004) y la de Otto Pérez Molina (2012-2015), recordando que operan regularmente en tres niveles: empresas, abogados-auditores y probablemente con apoyo dentro de la SAT.
Resaltó la importancia del enfoque preventivo, así como las sanciones que se puedan emitir a nivel administrativo y penal. Para evitar el aparecimiento de estructuras similares a futuro, recomendó mejoras en los controles internos de la SAT de forma objetiva e independiente.
“Es importante tener ese sistema de sanciones, invertir en sistemas de detección. Si pudieron descubrir este grupo de empresas, eso se hace vinculando redes y tecnología”, reiteró.
Para Flores, no sería extraño que la red de defraudación resulte vinculada al expresidente Alejandro Giammattei y al extitular del Centro de Gobierno Miguel Martínez, por lo cual es necesario que el Ministerio Público individualice a los responsables, aunque duda que sea posible por la relación de ambos con la fiscal general, María Consuelo Porras.
Equipo multidisciplinario
Al consultarle al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval la posible similitud con el caso “La Línea”, explicó que esa pesquisa demostró la existencia de una estructura criminal que manipulaba la recaudación aduanera a cambio de sobornos, con vínculos a las más altas esperas del Estado, cuya dinámica se repitió en por lo menos otras ocho entidades estatales (caso “Cooptación del Estado”), así como una maquinaria de lavado de activos de alrededor de Q1,000 millones.
“Acá estamos viendo un megaentramado de empresas que evaden los tributos internos y que puede dar pie a que la Fiscalía investigue la utilización de empresas de fachada para lavar activos de procedencia ilícita, bien sea de actos de corrupción o de otra naturaleza delictiva”, explicó.
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Para Sandoval, se requiere la instalación de un equipo multidisciplinario que logre establecer todas las ramificaciones de esta “maquinaria societaria” que ha mostrado la autoridad tributaria.
“Cien puntos a la SAT, pero me temo que la Fiscalía, en las condiciones actuales, no mostrará resultados óptimos”, lamentó.
Comisión se pronuncia
La Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) indicó que lo identificado por la SAT reitera la necesidad de mejorar y fortalecer los procesos de contratación de empresas proveedoras del Estado.
“Si bien, inicialmente, la denuncia se trata de un caso de defraudación fiscal, es preocupante que el Estado mantenga relaciones comerciales con empresas que actúan con opacidad y que podrían estar financiando actividades ilícitas”, remarcó.
Agregó que para abordar la situación, la CNC orientará a las instituciones del Ejecutivo para que refuercen los procesos y controles que eviten casos similares. También se propone acompañar a las entidades para que analicen la información y, en caso de encontrar indicios de irregularidades, presentar denuncias a la autoridad correspondiente.
“Además, la CNC se encuentra trabajando para llevar a cabo las reformas necesarias y las modificaciones a los marcos normativos para conocer a los beneficiarios finales de las empresas contratistas del Estado. Es necesario que las instituciones públicas conozcan a detalle quiénes son las personas que integran estas empresas, tal y como lo exigen estándares internacionales de transparencia y competitividad”, señaló.
Arévalo amplía detalles
El presidente, Bernardo Arévalo, ofreció ayer una conferencia de prensa en la que brindó más detalles sobre el caso.
Reveló que la estructura criminal se creó para asignar contratos con el Estado, lo que permitió a diversas empresas evadir impuestos y causó un daño significativo a las finanzas públicas y los servicios del Estado de Guatemala.
Según explicó, se trata de una red de corrupción compuesta por 410 empresas que habrían defraudado al Estado guatemalteco por más de Q300 millones. Sin embargo, aclaró que esta cifra podría aumentar a medida que las investigaciones avancen y podría ascender hasta los Q800 millones.
“Como gobierno comprometido con la lucha contra la corrupción, tomaremos las acciones pertinentes, debido a las graves implicaciones que esta red de defraudación tiene sobre los recursos públicos y los bienes del pueblo de Guatemala”, enfatizó.
