Después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) apercibiera a las comisiones de postulación a cumplir con los plazos establecidos para elaborar los listados de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a las Salas de Apelaciones, ambas postuladoras tratan de apresurar el proceso. Los retrasos les dejan a comisionados y diputados 54 días para nominar y elegir, respectivamente.
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Por ejemplo, en las últimas sesiones, ambas comisiones aprobaron la tabla de gradación. La comisión de postulación para la Corte de Apelaciones determinó que 64 será el punteo mínimo para que un candidato sea elegible, mientras que la comisión encargada de la nominación a Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableció en 73 el puntaje.
Otro aspecto que provocó un retraso de aproximadamente 20 días fue la sede en la cual las postuladoras sesionarán. El fin de semana pasado ambas instancias decidieron que continuarán en la Universidad Rafael Landívar.
“Desde el apercibimiento de la CC para cumplir plazos legales, las comisiones están aprobando con prisa el perfil de idoneidad y la tabla de gradación; copian instrumentos”, indicó el Movimiento Pro Justicia.
Además, los interesados en optar a las magistraturas de las salas de la Corte de Apelaciones podrán entregar su expediente la próxima semana del 20 al 24 de agosto.
Surgen dudas
El Movimiento Pro Justicia destacó algunas de las votaciones de los últimos días que podrían favorecer a ciertos candidatos, específicamente para el proceso de Corte de Apelaciones, ya que el perfil de idoneidad y el contenido de la tabla de gradación considera que fue hecho a la medida para los actuales magistrados, quienes están en el cargo desde 2014 y 2023.
Mientras que la postuladora para la CSJ determinó evaluar méritos académicos con 24 puntos, méritos profesionales con 74 y méritos de proyección humana con 2 puntos. Parte de la discusión se centró en la reducción o aumento de la puntuación de alguno de estos aspectos.
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Apercibidos
Hasta la semana pasada, las comisiones de postulación registraban pocos avances y las discusiones se centraban en aspectos como la sede donde sesionarían, provocando incluso un enfrentamiento entre magistrados de apelaciones y el presidente de la CSJ, Óscar Cruz.
Sin embargo, la CC conoció un amparo solicitado por el diputado José Chic e instó a “la imperiosa necesidad de que se cumpla con los mandatos y plazos encomendados por la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del país, es preciso que, por virtud del principio republicano de gobierno, que conlleva la obligación de respeto de los plazos de elección y ejercicio de cargos de previsión constitucional, las comisiones procedan en estricto apego a los plazos que les permitan terminar el cometido que les confió la Constitución y la Ley”.
