La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) denunció que están siendo víctimas de hasta siete grupos de extorsionistas e hicieron un llamado a las autoridades de Gobierno y al Ministerio Público para que atiendan las dificultades que enfrentan; advirtieron que podrían paralizar el servicio que prestan.
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Los transportistas señalaron en conferencia de prensa que durante el año, 97 pilotos y ayudantes han fallecido en ataques armados, responsabilizando a los extorsionistas. Además, mencionaron “un claro divorcio” entre el Ministerio de Gobernación y el MP para enfrentar este fenómeno criminal.
Agregaron que anualmente están pagando aproximadamente 600 millones de dólares a extorsionistas, y que la reducción de fallecidos en hechos de violencia que destacan las autoridades se debe a que acceden a pagar los montos requeridos.
“Hacemos un llamado a las autoridades de Gobernación y al MP para que colaboren con nosotros. Con asombro hemos visto que, si bien se han registrado capturas, estas son de personas que prestaron sus cuentas o son imitadores, recolectores de dinero, pero no hay capturas de esas estructuras a nivel superior”, lamentó el presidente de la Gremial.
Posible paro
Durante la conferencia de prensa, advirtieron que, de continuar las amenazas y ataques, suspenderán el servicio que prestan en sus diferentes rutas a nivel nacional, ya que consideran insostenible mantener el pago de la extorsión. La paralización afectaría a más de 180 mil unidades.
Además, revelaron que hasta hace unos meses eran víctimas, en promedio, de tres o cuatro grupos de extorsionistas; sin embargo, recientemente se han sumado más, llegando a pagar a siete agrupaciones dedicadas a este delito.
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Añadieron que la mayoría de los atentados han ocurrido en el área metropolitana y en el suroccidente. Los transportistas dieron un plazo de tres semanas para encontrar soluciones a la problemática o recurrirían a dejar de prestar el servicio.
Deben atender el llamado
Para Edgar Guerra, titular de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), las autoridades deben atender el llamado de los transportistas, ya que la problemática afecta a miles de guatemaltecos que necesitan utilizar el servicio.
“Las extorsiones se han convertido en un flagelo social que impide el desarrollo del transporte público, un sector duramente golpeado de manera social y económica. El Estado debe atender diligentemente esta problemática, enfocado en el derecho a la vida y a la integridad de las personas, usuarios, conductores, ayudantes y transportistas”, remarcó.
Número gris
La cantidad de necropsias por muertes violentas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) entre el 1 de enero y el 25 de julio asciende a 1,829. La cifra representa una reducción en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Recientemente, Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), explicó que una importante cantidad de las muertes violentas está vinculada a las extorsiones, ya que las estructuras criminales amedrentan a las víctimas con atentados armados. No descartó que una reducción de estos hechos pueda estar vinculada al número “gris” de personas que pagan para evitar reacciones violentas.
