Mientras las diferencias entre la fiscal general, María Consuelo Porras, y el gobierno del presidente Bernardo Arévalo escalan, las entidades del Organismo Ejecutivo han planteado 131 denuncias por posibles actos de corrupción entre el 14 de enero y el 1 de agosto. Ahora las pesquisas deberán sortear la sombra del conflicto político para esclarecer las supuestas anomalías detectadas o quedar en el olvido.
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) es, de momento, la institución que más denuncias ha presentado con 41, después se ubica el área administrativa con 33 y Salud con 22.
Entre las denuncias más destacadas se puede observar una planteada por el Ministerio de Gobernación por el supuesto requerimiento de dinero a familiares de una persona a la que amenazaban con entregar a un cartel dedicado al tráfico de drogas.
Mientras que el CIV planteó hasta 16 denuncias por “falso avance físico” de varias obras. Las escuelas bicentenario y la instalación de gradas eléctricas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, entre otros, se pueden observar en el tablero que habilitó la Comisión Nacional contra la Corrupción para darles seguimiento.
En total, 107 casos están bajo investigación del Ministerio Público, ocho fueron conexados, es decir, se unificaron con otros procesos abiertos y 11 fueron desestimados, entre ellos, uno por sustracción de documentos en el Hospital General San Juan de Dios y otro por el proyecto Cerro Blanco.
Esperan avances
La Comisión Nacional contra la Corrupción explicó que en la actualización de junio se registraron 19 nuevos casos; en la de julio, 28, lo cual atribuye al compromiso de las instituciones del Organismo Ejecutivo de identificar y, particularmente, denunciar la corrupción.
“Para contar con entidades que estén al servicio de la población, es necesario recuperarlas a través de acciones que contribuyan a erradicar riesgos de opacidad. Además de las denuncias, también es necesario enfatizar que las instituciones están llevando a cabo acciones administrativas para prevenir que estos hechos ocurran de nuevo”, agregó.
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Asimismo, mencionó que la tendencia es que muchas de las supuestas irregularidades se derivan de una falta de control interno y una cultura de opacidad en administraciones pasadas. Reiteró que promueven una mayor disposición de las instituciones actuales para colaborar y corregir estos problemas como signo positivo hacia una mayor transparencia y responsabilidad.
“La labor del Ejecutivo es denunciar la corrupción. El Ministerio Público es responsable de investigar estas denuncias. Confiamos en que los procesos avancen pronta, objetiva e imparcialmente. El combate a la corrupción es fundamental para que el Estado funcione sin inconvenientes y con transparencia”, respondió respecto a qué esperar del MP, considerando las dificultades en la relación con el Ejecutivo.
Denuncias “repetidas”
El Ministerio Público publicó el pasado 4 de agosto un video en el que asegura que varias de las denuncias consignadas en el tablero de la Comisión están “repetidas” y que incluso una de ellas tiene asignado un número inexistente; 15 tampoco muestran datos que permitan ubicarlas. Según el ente investigador, únicamente están activas 43 pesquisas, por las cuales ya se emitió una orden de captura y varias personas fueron citadas a primera declaración.
Además, 59 expedientes fueron desestimados por procesos administrativos pendientes de resolver. “No te dejes impresionar por números complicados, de decir, que no te confundan, mejor analiza quién sale ganando con desinformar”, agregó.
Escalada de tensiones
La semana pasada, la fiscal general, María Consuelo Porras, pidió a la Corte de Constitucionalidad la debida ejecutoria de un amparo provisional para que se ordene la destitución de varios funcionarios del gobierno a quienes señala de impulsar una narrativa que pone en peligro su función.
En respuesta, el presidente Arévalo planteó un proceso de antejuicio en contra de la jefa del Ministerio Público.
