El sábado, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, informó que interpuso una acción de amparo a favor del MP y de la Corte de Constitucionalidad (CC), y que acciona en contra de el presidente Arévalo De León; del ministro de la Defensa, Henry David Sáenz Ramos; del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y del Director de la Policía Nacional Civil, Henry David Sáenz Ramos.
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Hoy se informó que la CC admitió el amparo planteado por la FCT a favor del MP, y dio un plazo de 24 horas al mandatario y a los ministros de Defensa y Gobernación para rendir un informe circunstanciado.
Según el documento, dicha acción legal fue presentada ante “la amenaza real e inminente” de que el presidente “viole la separación de funciones de los organismos del Estado y la independencia de los mismos, así como la defensa del orden constitucional y la independencia judicial de la Corte de Constitucionalidad y la autonomía funcional del Ministerio Público”.
Esto “mediante el uso abusivo y arbitrario de la fuerza pública, alzándose en armas o impartiendo órdenes ilegales para que mediante cualquier otro medio violento atente contra el sistema Republicano, Democrático o Representativo de la República de Guatemala”, puntualizó.
OTRA DENUNCIA
Ayer, nuevamente, interpuso una denuncia en contra del presidente Bernardo Arévalo, los delitos que atribuye el presidente de la FCT en esta ocasión son por abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, por pretender beneficiar a sus financistas de campaña.
Según un video publicado en sus redes sociales, Méndez Ruiz argumentó que esto surge como consecuencia por el “supuesto mecanismo de pago” que la arquitecta Jazmín De la Vega, exministra de Comunicaciones, se negó llevar a cabo y cancelar deuda de arrastre a un grupo de constructores a los que el presidente buscaba favorecer. “Ella se negó a seguir esa solicitud, por lo que fue destituida”, puntualizó.
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Como evidencia, presentó ante el Ministerio Público (MP) cinco hojas con los nombres de proveedores y con la firma auténtica del presidente Arévalo De León, en su calidad de mandatario.
De acuerdo a lo explicado en su video, se pretendía que con estos documentos la exministra “de manera ilegal” efectuara el pago a los proveedores con los que el mandatario “tenía una deuda política”. “Estos habrían financiado su campaña política durante la segunda vuelta electoral del 20 de agosto del 2023″, aseguró Méndez Ruiz.
