El Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, presentó la debida ejecutoria de un amparo provisional que ordenaba al presidente, Bernardo Arévalo, evitar acciones para su remoción. Por su parte, Arévalo presentó una solicitud de antejuicio en contra de Porras.
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La ejecutoria fue planteada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y es por un amparo provisional otorgado el 8 de mayo de 2024.
“Ante la amenaza real, cierta e inminente de que el presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia, acciones que pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida tanto de la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, así como de los funcionarios de la institución”, argumentó en su momento el MP.
Con la debida ejecutoria, Consuelo Porras busca la destitución del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica; el procurador general de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pineta; y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; así como el secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo.
Porras publicó el miércoles por la noche un video de 17 minutos en el que criticó al presidente y a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo una semana en el país y señaló el abuso y la persecución a periodistas, operadores de justicia y dirigentes por parte de la Fiscalía.
Mientras tanto, ayer el mandatario, en conferencia de prensa junto con su gabinete y la vicepresidenta, Karin Herrera, anunció la presentación de una solicitud de antejuicio en contra de Porras, señalándola de los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad.
“No podemos pasar por alto la acción ilegal y las declaraciones de la fiscal general, que revelan su continuo boicot al gobierno y funcionarios”, expuso Arévalo.
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Por tanto, informó que también solicitará a la CC de la revocatoria de tal amparo provisional otorgado el 8 de mayo, aduciendo que no existen tales violaciones a la Constitución aquejadas por Porras para obtener aquel recurso.
Con la petición del retiro de inmunidad, el mandatario espera que se posibilite investigar a Porras por ambos delitos.
“Instamos al sistema de justicia a no seguir siendo víctima de la extorsión y chantaje de una minoría corrupta y a ceñirse estrictamente a la ley para poner fin a un ciclo de oscuridad y abusos por parte del Ministerio Público”, expuso.
“Cierra los ojos a los casos de corrupción que ha denunciado el gobierno en más de un centenar de ocasiones, mientras criminaliza a periodistas, operadores de justicia y ahora a funcionarios de este gobierno que le son incómodos para sus acciones corruptas”, añadió el mandatario.
Reacciones
El consultor político independiente Byron Barrera Ortiz consideró que la insistencia de Porras pone en peligro la democracia e institucionalidad, calificando está situación como una afrenta el Estado de derecho.
Además, instó al mandatario a buscar nuevas rutas para conseguir la destitución de la fiscal general.
“Bernardo Arévalo tiene varias opciones: a) aplicar el 156 constitucional, no obligatoriedad de cumplir órdenes ilegales; aplicar el 173, o sea, la consulta popular; aplicar el artículo 251, destitución inmediata de la fiscal, o el 165 inciso h, pedir al Congreso la formación de causa contra la fiscal y magistrados que han adoptado resoluciones inconstitucionales”, explicó
Advirtió que de no tomar acciones legales y políticas, podrían depurar en el futuro próximo al propio mandatario
El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval expresó que los ataques y actuaciones ilegales provienen del MP y no del Ejecutivo, como argumenta Porras.
