El Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que condena el secuestro del padrón electoral por parte del Ministerio Público (MP) a su decir es una violación a la información de los guatemaltecos y a la democracia.
PUBLICIDAD
“Se considera una grave e injustificable intromisión conforme a lo establecido en el artículo 224 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pues el padrón registra datos sensibles de la ciudadanía que se podrían utilizar ilegalmente para fines espurios”, describe el documento.
En ese contexto, la Magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Blanca Alfaro, brindó una conferencia de prensa en la que detalló sobre las acciones que el ente investigador está realizando con el equipo de cómputo de esa dependencia.
“A partir de la primera vuelta de junio del 2023 hemos recibido una serie de peticiones en cuanto al marco de investigación que ha tenido el ente encargado de la persecución penal. Esto no ha cesado, pues todas las semanas han solicitado nuevas verificaciones”, comentó Alfaro.
Así mismo, comentó que se dió el requerimiento en la unidad de informática para poder hacer un análisis de campo dentro de las investigaciones. Pues como es de conocimiento las computadoras fueron utilizadas como herramientas para las elecciones 2023 de la primera y segunda vuelta.
Y dentro de ellas se encuentran el padrón electoral por lo que hay datos que son necesarios depurar o añadir a la base de datos.
“Una de esas computadoras fue la requerida. Ahora, obra en manos del MP y de los agentes fiscales que hicieron la investigación de campo. Esperamos que se de esa guardia, custodia y protección a los datos de los guatemaltecos”, aseveró la magistrada.
PUBLICIDAD
Ante el requerimiento, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo señaló que es muy grave que ahora pretenda perseguir a los ciudadanos que integraron las Juntas Receptoras de Votos, Juntas Electorales Departamentales y Juntas Electorales Municipales durante el pasado proceso electoral.
“El Gobierno de la República urge a las autoridades competentes del sistema judicial a corregir las acciones de los jueces y fiscales que han permitido el abuso institucional a manos del Ministerio Público. Estos últimos acontecimientos deben representar sanciones de todo tipo a quienes resulten responsables”,
“Se hace un llamado a los partidos políticos y a las autoridades electas en el proceso electoral de 2023: alcaldes, concejales, síndicos y diputados, a manifestarse en contra de este flagrante atropello a la voluntad popular, para defender el derecho al voto libremente ejercido por millones de guatemaltecos y con este, la representación que el pueblo de Guatemala les delegó”, concluyeron.
