Argumentando una alta acumulación de agua y saturación de los suelos, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo decretó estado de Calamidad. El Ministerio de Comunicaciones aboga desde hace varios días a favor de la medida para acceder a recursos y mecanismos que le permita atender los daños a la red vial del país a causa de las lluvias. Sin embargo, han surgido algunos cuestionamientos y voces a favor.
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La cartera de Comunicaciones aseguró que el estado de Calamidad permite actuar con rapidez y eficacia para mitigar daños y proteger a las comunidades afectadas por las lluvias. Agregó que una de las prioridades sería la rehabilitación del paso en la autopista Palín-Escuintla.
La compra de puentes de emergencia para su instalación en puntos críticos, arrendamiento de maquinaria pesada y adquisición de equipo para mejorar la capacidad del Ministerio de Comunicaciones para responder a emergencias son algunas de las acciones contempladas por la cartera.
“En la ruta CA-9 Sur A (Palín-Escuintla), cuyos problemas administrativos impiden la intervención directa del Estado, nos sujetamos al artículo 95 de la Ley de Contrataciones. Este nos permite intervenir en bienes concesionados por causa de fuerza mayor”, agregó.
Tanto en el decreto del gobierno, como el Ministerio de Comunicaciones, se asegura que las entidades involucradas en la atención de las emergencias provocadas por las lluvias mantendrán los procedimientos establecidos en ley y de transparencia para evitar actos de corrupción.
“El estado de Calamidad Pública permitirá agilizar procesos para resolver los problemas que afectan a la población, pero manteniendo y reforzando medidas de transparencia y cuidado de los recursos públicos”, añadió el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.
Diferentes visiones
El exdiputado y excandidato presidencial Armando Castillo consideró que el estado de Calamidad permitiría la ejecución más ágil de recursos. Sin embargo, advirtió que la mayoría de funcionarios en la actual administración “están temerosos” de actuar y lo han demostrado en sus primeros seis meses de gestión.
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“Por otro lado, en muchas unidades ejecutoras siguen los mismos cuadros que dejó el gobierno anterior. En ese sentido creo que aunque el Estado de Calamidad pudiera ser aprobado por el Congreso no tendrá mayor impacto en la solución de la crisis que se vive en el país”, lamentó.
Añadió que por falta de decisión de los nuevos cuadros y la voracidad de corrupción de los perfiles que aún persisten del gobierno anterior se complica la atención a los daños que registra la red vial.
Algunos diputados de oposición, como Héctor Aldana, Nadia Torres de León y Esduin Javier Javier “3Kiebres”, se pronunciaron en contra de la medida. Orlando Blanco cuestionó aspectos relacionados con las adquisiciones que podría realizar en los primeros tres días de vigencia el Ministerio de Comunicaciones, mientras que la bancada Semilla publicó un vídeo en el cual defiende la necesidad de aprobar el estado de Calamidad.
En manos del Congreso
El estado de Calamidad tendrá que ser aprobado, modificado o improbado por el Congreso de la República 3 días después de su publicación en el “Diario de Centro América”.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei se publicaron aproximadamente 12 estados de Calamidad, varios de ellos con prórrogas y que fueron utilizados durante la emergencia causada por la pandemia de Covid-19; sin embargo, los diputados aprobaron solo 10.
