La alianza público-privada anunciada por el presidente, Bernardo Arévalo, para el rescate del Aeropuerto Internacional La Aurora, después que sea adjudicada, deberá ser aprobada por los diputados al Congreso de la República con la dinámica actual, en la que el oficialismo no es mayoría y en la que varias bancadas dejaron de apoyar los proyectos provenientes del Ejecutivo.
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La Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica es la normativa que regula el procedimiento que adelantó el martes el mandatario y con el que busca impulsar mejoras en la infraestructura de la única terminal aérea de envergadura en el país.
“El Congreso de la República aprobará o improbará la celebración del contrato que le haya trasladado el presidente de la República, para lo cual podrá requerir aclaraciones o información adicional a la Agencia por conducto del presidente del Consejo. En caso de improbar la suscripción del contrato, lo devolverá a la Agencia para su archivo y para que se cubra al adjudicatario la compensación establecida en la literal c) del artículo 59 de la Ley. En el mismo acuerdo de improbación autorizará los recursos para cubrir dicho pago”, establece el artículo 139 del reglamento de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE).
El antecedente más cercano de un contrato de alianza público-privada aprobado por el Congreso ocurrió en 2021 y les tomó a los diputados de la anterior Legislatura tres años avalar la adjudicación al Consorcio Autopistas de Guatemala, (Convia), para la rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.
El panorama actual
El analista independiente Renzo Rosal consideró que el anuncio de Arévalo tiene un impacto más mediático que práctico, ya que faltan varios procesos para concretar la alianza público-privada.
“De acuerdo con la ley que tenemos en Guatemala y precisamente su débil o casi nula implementación obedece a eso, al paso por el Congreso de la República”, remarcó al referirse al aspecto político del proyecto.
Tomando en cuenta la envergadura del proyecto, que probablemente representará el mejoramiento del Aeropuerto Internacional La Aurora y la “débil” correlación de fuerzas a favor del oficialismo, el débil peso de la bancada suspendida Semilla en el Legislativo y el aumento del nivel de oposición, así como las reacciones adversas que generó en algunos sectores el anuncio por la presencia de ciertas figuras, Rosal anticipa la dinámica y discusiones que provocará cuando llegue al Congreso.
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“Como positivo, el sector privado lo ve con cierto interés o con cierto bastante entusiasmo y creo que eso puede ayudar a que se alineen algunas bancadas en el Congreso. Creo que el sector privado movería piezas en favor del proyecto”, explicó.
Rosal reiteró que es una buena iniciativa y la importancia que toma el tipo de alianza público-privada que elija el Ejecutivo. Además, recomendó una licitación internacional para que se encarguen entidades con experiencia en el tema.
Ganarse al Congreso
El pasado 14 de mayo se publicó el reportaje “Ven estancamiento en agenda del Congreso; reformas que impulsa Arévalo, cuesta arriba”, en el cual se hace un recuento del ímpetu que tuvo la alianza “por la gobernabilidad” en las primeras semanas de la nueva Legislatura. Sin embargo, esa intensidad se fue apagando.
Según los registros del programa MIRA (Manejo de Información y Recopilación Automatizada), impulsado por Congreso Eficiente, durante el primer periodo ordinario de la nueva Legislatura los diputados votaron por 12 decretos. La mayoría obtuvo más de 130 votos.
Sin embargo, el apoyo al Ejecutivo decayó con la improbación de un estado de Calamidad para atender los incendios forestales y la propuesta de Arévalo para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público que permita remover al fiscal general. Actualmente, la presidencia busca que los diputados aprueben una ampliación presupuestaria.
