La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó provisionalmente a la fiscal general, María Consuelo Porras. La jefa del Ministerio Público (MP) requirió esa protección ante la “amenaza” de que el presidente, Bernardo Arévalo, buscara destituirla. Mientras que la iniciativa de reforma planteada por el Ejecutivo para removerla ni siquiera fue conocida por el Pleno del Congreso.
La decisión del máximo tribunal constitucional se da un día después de que el Ejecutivo presentara al Congreso de la República una propuesta para reformar la Ley Orgánica del MP y con ello restituir la facultad presidencial para remover al fiscal general. Se conoció que la resolución fue aprobada por la mayoría del Pleno de magistrados.
“Se abstengan de todo acto que, fuera del marco Constitucional y legal, atente contra el mandato para el cual fue electa la postulante; eviten acciones que puedan coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público”, es parte de la resolución de la CC que se dio a conocer por medio de un comunicado de prensa.
Asimismo, insta a garantizar el acceso de los usuarios y del personal a las instalaciones del Ministerio Público en caso de ser necesario.
Se declara obstáculo
Además, Consuelo Porras ofreció una conferencia de prensa previa a la resolución de la CC, en la cual cuestionó la propuesta del mandatario y aseguró que será un obstáculo para quienes no luchen contra la corrupción.
“Quiere garantizarse un fiscal a fin y conveniente que no investigue y se convierta en su subalterno”, cuestionó la jefa del MP.
“Señor presidente, usted menciona que soy un obstáculo y efectivamente lo voy a ser para cualquiera que atente contra los derechos de los guatemaltecos, independientemente que sean locales o internacionales. Le garantizo que sí, seré un obstáculo para el que quiera vulnerar la democracia. Sí, seré un obstáculo para el que quiera ser corrupto”, aseguró.
Según la fiscal general, en más de cien días del gobierno de Arévalo, este no ha presentado denuncias y su equipo solo ha puesto 19, supuestamente 10 de ellas ya estaban siendo investigadas por el Ministerio Público.
“Quiero hacerles ver que el Ministerio Público recibe un estimado de 53 denuncias cada hora, eso quiere decir que al haber presentado 19 denuncias en 100 días no es un resultado satisfactorio ni acorde a su narrativa anticorrupción. Hablan de corrupción en gobiernos anteriores, pero no han puesto una sola denuncia en la que mencionen a las personas que públicamente señalan, ¿y así se hacen llamar anticorrupción?”, remarcó.
Pineda sale a la defensa
En la misma línea se pronunció el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, quien agregó que una eventual reforma a la Ley Orgánica de la institución no podría aplicarse a la actual fiscal general.
“Es por ello que el presentar una iniciativa de ley que pretende reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del MP para que el presidente de manera discrecional pueda calificar el actuar del fiscal general y con ello removerlo del cargo por no ajustarse a sus intereses o conveniencias, resulta ser un retroceso en la construcción de la democracia del Estado de derecho y ello atenta contra la Constitución Política de la República”, manifestó Pineda.
Arévalo se pronuncia
Después de la conferencia del MP, el gobernante afirmó en su cuenta en la red social X que era necesario someter a la fiscal general a una rendición de cuentas seria y exhaustiva.
“No podemos seguir con una institución tan politizada y tan temerosa de que el Congreso haga su trabajo. El país necesita salir adelante y ella misma lo ha dicho: Es un obstáculo. Hoy depende de #107Votos salir del ciclo oscuro del chantaje y represión para avanzar en la dirección que el pueblo exige: la de la democracia”, manifestó.
Sin asistencia
Además, en medio de bloqueos y manifestaciones de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como salubristas, la mayoría de los diputados del Congreso de la República no asistieron a la plenaria programada para la tarde de ayer.
Aunque el presidente del Legislativo, Nery Ramos, aseguró que la iniciativa del Ejecutivo no tendría un trato preferencial, diputados oficialistas y en redes sociales usuarios promovían que la reforma se aprobara de urgencia nacional. Sin embargo, la sesión se suspendió por falta de quorum y no se conoció la propuesta para remover a la fiscal general, es decir que ni siquiera fue remitida a una comisión para su análisis.