El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado detallando que el presidente Arévalo continúa arbitraria e ilegalmente tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que incitan a la violencia.
“Estas acciones pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida tanto de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras asi también de los distintos funcionarios que integran la institución”, refiere el ente investigador.
Asi mismo, informan que este día presentaron una Acción Constitucional de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad debido a la amenaza real cierta e inminente de que el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra y el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, bajo instrucciones del Presidente de la República y por iniciativa propia continúan extralimitándose en sus funciones mediante acciones ilegales para lograr, de forma inconstitucional e inconvencional, la remoción de la Fiscal General, señalan.
“Estas acciones ilegitimas y arbitrarias denotan una clara intención de alterar la seguridad democrática del país y una grave amenaza para el Estado Constitucional de Derecho, que de materializarse representarían una clara violación a la autonomía funcional e independencia del Ministerio Público, el principio de legalidad y el principio de certeza y seguridad jurídica, así como la seguridad democrática del pais”, señala el MP.
La institución advierte que esta serie de ilegalidades se suman a un patrón de ataques sistemáticos e intimidatorios en contra del personal del Ministerio Público, lo cual presume una intencionalidad de obstaculizar las investigaciones en curso y que no se esclarezca la verdad histórica de los hechos.
GARANTÍA CONSTITUCIONAL
“Por tanto, el Ministerio Público ha planteado la referida Garantía Constitucional para que la honorable Corte de Constitucionalidad, conforme a Derecho, ordena al Presidente de la República que se abstenga de adoptar medidas políticas, nacionales e internacionales, y medidas financieras o presupuestarias a través de las cuales pretenda tomar el control del Ministerio Público, así como realizar acciones arbitrarias e ilegales para alterar la autonomía funcional e independencia del Ministerio Público”, añade el MP.
Así también, la institución recuerda que, bajo el imperio de la ley, todo empleado y/o funcionario público, incluyendo las fuerzas de seguridad, deben adecuar sus actos a la protección de la misma ley con el fin de proteger la institucionalidad y el estado democrático de Derecho, por lo que la ley regula consecuencias jurídicas ante tal incumplimiento y existen múltiples resoluciones de la Corte de Constitucionalidad al respecto.