La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra de Ranulfo Rafael Rojas Cetina, magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.
De acuerdo con la fiscalía, Rojas Cetina habría presentado ante la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, documentos certificados haciendo constar que poseía el grado académico de doctor en derecho constitucional, sin llenar los requisitos, estatutos y reglamentos que se establecen en la universidad que lo extendió.
Según lo relatado por el jefe de la FECI, el 7 de enero del 2020 Rojas Cetina asistió a un acto de graduación donde no llenaba los requisitos que establece el reglamento y los estatutos de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Seguidamente, el magistrado solicitó una copia certificada del acta de graduación y en la misma se hace constar que el magistrado posee el grado académico de doctor en derecho constitucional.
Dicha certificación, Rojas Cetina la adjunta a su expediente y la presenta a la comisión de postulación de magistrados del TSE, por su parte la comisión lo analiza y le da una puntuación mayor al expediente de Rojas Cetina con relación al resto de participantes, refiere Curruchiche.
En esa medida, su actuar ha llamado la atención de los fiscales, pues señalan que la persona que le extiendió el título de doctor en derecho constitucional también forma parte de la comisión de postulación.
#MPfuerteYfirme
— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 18, 2024
El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se refiere a la solicitud de antejuicio presentada en contra del magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral, Ranulfo Rafael Rojas Cetina. https://t.co/TY891KQ7nK pic.twitter.com/oe8Bz7sfVN
“La investigación preliminar ha logrado establecer que si el acto de graduación fue el 7 de enero del año 2020, por qué razón el magistrado el 23 de enero y el 7 de marzo del año 2020 todavía realizó el pago de algunos cursos que formaban el pénsum normal del doctorado en derecho constitucional”, argumentan.
Por ese lado, el fiscal detalla que el magistrado no llenaba los requisitos ni las calidades para que se le extendiera el acta de graduación como derecho constitucional.
“Nosotros hemos considerado que la conducta del magistrado titular pudo haber incurrido en el delito de falsedad ideológica y uso de documentos falsificados. Somos respetuosos del debido proceso, por lo que el funcionario tendrá que presentar sus pruebas de descargo. La Corte Suprema de Justicia, a través de la cámara de amparos y antejuicios, decidirá darle viabilidad a esta solicitud”, concluye.