Posibles irregularidades en obras y proyectos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en administraciones pasadas han provocado la apertura de al menos 10 investigaciones del Ministerio Público (MP) por denuncias de la cartera dirigida por Jazmín de la Vega y “de oficio” emprendidas por la Fiscalía contra la Corrupción.
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Para analistas consultados, el esclarecimiento de los señalamientos ahora recae en la entidad dirigida por María Consuelo Porras, pese a las dudas sobre si prosperarán las pesquisas por la cercanía de la fiscal general con los expresidentes Alejandro Giammattei y Jimmy Morales.
Cinco denuncias
Según los registros del MP, entre el 1 de enero y el 1 de abril de 2024, el CIV planteó cinco denuncias, una de ellas está a cargo de la Fiscalía de Pueblo Nuevo Suchitepéquez, por casos especiales de estafa.
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Tres denuncias más son conocidas por la Fiscalía contra la Corrupción, en la cual el CIV señaló la posible comisión de casos especiales de estafa, cohecho activo y cohecho pasivo; la última es investigada por la Fiscalía Distrital Metropolitana, por incendio agravado.
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Pedro Brolo Vila ejerció como Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República de Guatemala en el período comprendido de enero 2020 a enero 2022.
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“De oficio”
Mientras que la Fiscalía contra la Corrupción inició en ese período 15 investigaciones más “de oficio”, de las cuales cinco están vinculadas al Ministerio de Comunicaciones.
La primera de ellas es por anomalías en la adquisición de elevadores y gradas eléctricas para el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), así como irregularidades en la contratación de los trabajos de mantenimiento de la autopista Palín-Escuintla.
Los tres casos restantes están vinculados con la edificación del puente Belice II, el paso a desnivel en la avenida Petapa y el paso a desnivel en la calzada Roosevelt.
El MP no especificó cuáles investigaciones de oficio coinciden con las denuncias del Ministerio de Comunicaciones.
La duda persiste
El consultor político independiente Álvaro Montenegro duda de los avances que puedan registrar los casos en el MP de Consuelo Porras, debido a la cercanía que tuvo con los expresidentes Morales y Giammattei.
“Es muy evidente cómo el MP ha tenido una actitud de pasividad y complacencia con la corrupción de los dos últimos gobiernos: Giammattei y Jimmy Morales”, explicó.
Consideró que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo intenta evidenciar el rol anómalo de la Fiscalía, por su permisividad con la corrupción estatal, pero que se ensaña con quienes han tratado de desmantelar a la criminalidad incrustada en las instituciones públicas. Agregó que las acciones legales de la PGN y del secretario general van en línea con evidenciar a un MP alineado con la corrupción y que está siendo protegido por la actual Corte de Constitucionalidad, con miembros nombrados por Giammattei.
“Por tanto, mientras esté Consuelo Porras en el MP, es casi imposible que los casos contra la administración de Giammattei avancen”, lamentó.
Marvin Flores, analista independiente enfocado en la transparencia de gestión pública, destacó que las denuncias de corrupción en el CIV se podrían considerar “recurrentes”, aunque reconoció la intención de la ministra de alertar a las autoridades del MP.
“Para conocer las anomalías, hay que hacer el proceso de investigación utilizando personal calificado, vinculados a los procesos de compra y obra pública”, detalló.
Añadió que el MP tenía indicios para iniciar varias investigaciones de oficio que están “a la vista”, lo cual podría ser posible con un monitor en los medios de comunicación.
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— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) April 13, 2024
En la denuncia la cartera señala a dos funcionarios.https://t.co/EI6ecIBbNg
Señaló irregularidades
En una entrevista publicada el 26 de febrero, la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, expresó que en su primer mes de gestión, por ejemplo, encontró una deuda que superaba los Q13 mil millones, señaló el abandono del AILA y más de mil 300 proyectos activos, de los cuales la mayoría incumple con requisitos legales.
“Nosotros seguimos revisando a detalle y auditando con el apoyo de la Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación y evaluaremos la ruta a seguir. Hay contratos y obras que no tienen estudios de factibilidad”, advirtió en esa oportunidad.