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Sputnik V: Analistas dudan de objetividad del MP de Consuelo Porras

El presidente, Bernardo Arévalo, explicó los motivos de la denuncia.
Presidente Bernardo Arévalo denuncia contrato de vacunas El presidente, Bernardo Arévalo, denunció el contrato que suscribió la pasada administración para adquirir Sputnik. Foto Publinews

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo planteó una denuncia penal por supuestas anomalías en la adquisición de 8 millones de vacunas contra el Covid-19 Sputnik V, provenientes de Rusia, durante la administración de Alejandro Giammattei. La principal señalada es la exministra de Salud Amelia Flores. Analistas dudan de la objetividad del Ministerio Público para este caso.

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En la denuncia, la Presidencia señala la presunta ilegalidad de suscribir un contrato con una entidad que no producía vacunas y la falta de corroboración de quién firmó por LLC Human Vaccin. Además, el documento se suscribió en inglés sin una versión en español en simultáneo; la falta de condiciones favorables para la entrega de las dosis, aunado a que el Ministerio de Salud aceptó todas las condiciones del productor.

Otras supuestas anomalías estarían vinculadas a las regalías que el Estado de Guatemala debía pagar al productor, la aceptación de sanciones por incumplimiento de contrato lesivas para el país, ya que Guatemala solo podía exigir una indemnización límite de US$100 mil, pese a que la adquisición era por Q614 millones (US$78.8 millones).

El Ejecutivo agregó que no se respetaron los preceptos legales al someter el contrato a arbitraje, no se justificó la confidencialidad, no está claro en cuál país se firmó la contraparte del contrato y, por último, que el Estado aceptó una vacuna no certificada por organismos internacionales.

¿Investigará el MP?

Después de la denuncia que presentó el gobierno de Arévalo por la suscripción del contrato para la compra de las vacunas Sputnik V, analistas consultados por Publinews lamentaron que posibles anomalías en la adquisición habrían influido en la calidad de atención a los guatemaltecos.

Además, ven poco probable que el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal María Consuelo Porras, realice una pesquisa objetiva.

Byron Barrera, consultor y analista político, indicó que, considerando la actitud “complaciente” del MP ante los numerosos casos de corrupción denunciados que vincularían al anterior gobierno, es “muy dudoso” que prospere una investigación sobre el fraude de las vacunas.

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“Así como se ha interesado el MP en la persecución política y ataques a la libertad de expresión, debería tener rigor para perseguir delitos de corrupción del pasado gobierno. Es notorio el sesgo político del MP. Sin embargo, es procedente la denuncia sobre las vacunas. Un caso más que pone a prueba la imparcialidad en la investigación penal a cargo de esa entidad”, agregó.

Mientras que Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, recordó que la entidad a la que perteneció denunció en su momento posibles anomalías y el MP no presentó resultados de los señalamientos.

“Este contrato, además de lesivo a los intereses del Estado, provocó muchas muertes dado el retraso que hubo en la entrega de las vacunas, dejando prácticamente desprotegida a la población. Guatemala fue el país con la más baja cobertura de vacunación en toda América Latina”, puntualizó.

ARCHIVO - La fiscal general Consuelo Porras asiste a su ceremonia de juramentación del cargo en el Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el 16 de mayo de 2018. (AP Foto/Luis Soto, Archivo) AP (Luis Soto/AP)
Arévalo se pronuncia

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) presentaron la denuncia ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de la Justicia Penal en la Torre de Tribunales.

Después, el presidente, Bernardo Arévalo, el ministro de Salud, Óscar Cordón, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, y el director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, ofrecieron una conferencia de prensa para abordar detalles de la denuncia.

“Hoy lo vemos en este caso que es trágico, por el alcance de la corrupción y el alcance del daño que causa a la población guatemalteca. Quienes cometieron estos actos no solo han demostrado su falta de compromiso con la función pública, sino que han hecho ver que están dispuestos afectar la vida, la salud y el bienestar de sus compatriotas”, indicó el presidente Arévalo.

“En momentos difíciles y amargos como la pandemia del Covid-19, cuando toda la sociedad guatemalteca estaba bajo el asedio de una terrible enfermedad que no conocíamos y que no comprendíamos, los corruptos en Guatemala vieron la oportunidad de beneficiarse impunemente, de beneficiarse a costa de la salud de la población, de beneficiarse a costa de vidas humanas”, agregó Arévalo.

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