Estado erogó más de Q22 mil por cada reo en 2023, según Relatoría

Según la Relatoría contra la Tortura, en 2023, el Sistema Penitenciario erogó aproximadamente Q22,516.58 por cada privado de libertad bajo su custodia. Mientras que analistas ven la necesidad de pasar de las evaluaciones a las acciones para crear un verdadero mecanismo de reinserción social y también atacar la criminalidad que se origina en las cárceles.

Carlos Solórzano, relator titular contra la Tortura, explicó que el año pasado la Dirección General del Sistema Penitenciario dispuso de Q570 millones 300 mil para la guardia y custodia de los privados de libertad, que ascendían a un aproximado de 25 mil personas. El relator, cuya gestión culminó el lunes 25 de marzo, estima que el gasto diario por cada reo fue de Q62.50 y mensual de Q1,876,38.

“El Estado podría alcanzar un ahorro al gasto por cien millones de quetzales a través del otorgamiento de medidas alternas a la prisión a cinco mil reclusos”, aseguró Solórzano. Añadió que la capacidad actual de los centros penitenciarios es insuficiente para albergar a la población reclusa, ya que fue diseñada para seis mil 900 personas y actualmente resguarda a 23 mil 96 reclusos.

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¿Posibles soluciones?

El relator recomienda la creación de talleres ocupacionales con asistencia de instructores técnicos, mediante alianzas público-privadas, usar extensiones de terrenos en las prisiones existentes para construir módulos para quienes cumplen condena, prisión preventiva y construir cárceles de máxima seguridad para delitos graves y atacar con esto las extorsiones y “talachas”.

Además, mencionó la conformación de la carrera penitenciaria para dignificar y promover la profesionalización con grados y mandos dentro del Sistema Penitenciario. Por último, mencionó que en el control telemático, su “pertinencia” es mínima comparada con el costo de inversión del Estado.

“Mejorar es cuestión de políticas públicas, capacitaciones y actualizaciones a los actores directos o responsables de manera que privilegien la libertad controlada y favorezca a la familia, comunidad y sociedad en general; además, contribuye a bajar el hacinamiento, también retribuye al Estado la inversión realizada por el capital erogado”, concluyó.

De la evaluación a la acción

Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), consideró que en el país se han realizado suficientes evaluaciones de las carencias y posibles soluciones a la sobrepoblación en las cárceles del país, por lo que hay que pasar a la acción.

Expresó que el primer paso es analizar la política nacional de reforma penitenciaria, la cual venció este año y desarrolla 10 ejes de las problemáticas que enfrenta el sistema carcelario, así como 10 subejes que se complementan. A la vez, se debe mejorar la articulación y compromiso de las entidades involucradas en el tema.

Consideró urgente realizar el censo poblacional de privados de libertad para su adecuada clasificación por peligrosidad y organización criminal que permita su reubicación, con apoyo de varias instituciones, incluyendo la Relatoría contra la Tortura y estudiantes de las facultades de Ciencias Jurídicas, así como un trabajo conjunto con el Organismo Judicial y el Instituto de la Defensa Pública Penal para buscar alternativas a la prisión de varios reos.

“Se necesita una comisión que evalúe la política pública de reforma nacional del Sistema Penitenciario, la actualice y la implemente. El tema fundamental es la responsabilidad del Estado para canalizar los fondos para que pueda implementarse. De lo contrario, de nada sirve estar haciendo gastos en diagnósticos; el Sistema Penitenciario esta más que sobrediagnosticado, las políticas quedan en blanco y negro”, puntualizó.

Acuña reconoció las requisas del Ministerio de Gobernación y la creación de un equipo especial para detectar ilícitos que intenten ingresar a los centros carcelarios, pero recalcó la importancia de abordar el problema de fondo. Asimismo, existe la urgencia de instalar inhibidores de señal que la cartera encargada de la seguridad debe coordinar con las empresas telefónicas.

“Otro problema es la corrupción. No es posible que los mismos guardias ocupen puestos de dirección, eso es lamentable y lo que se ha visto en los gobiernos anteriores es una falta de voluntad para invertir en el sistema carcelario”, lamentó.

También mencionó la importancia de impulsar la carrera penitenciaria e implementar acciones apoyadas por la tecnología y la construcción de cárceles de máxima seguridad para una población de aproximadamente 10 mil privados de libertad.

Prisión preventiva

Para Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), en cuanto al tema de la sobrepoblación carcelaria, es preciso reducir la proporción de población privada de libertad que se encuentra en prisión preventiva.

“Para ello, son necesarias varias acciones, como la agilización de los procesos penales en los juzgados, la implementación de medidas sustitutivas, como el control telemático y la liberación de reclusos que ya han cumplido su pena, pero por diversos motivos aún se encuentran en prisión”, agregó.

Detalló que la mayoría de estas acciones deben provenir del Organismo Judicial y de la aplicación de la ley de parte de los jueces.

EN NÚMEROS

1. - Capacidad de las 22 cárceles del país: 6 mil 900 personas
2. - Población estimada actual: 23 mil 96
3. - Capacidad de cárceles de la PNC: 973
4. - Costo diario en un privado de libertad: Q62.50
5. - Costo mensual en un privado de libertad: Q1 mil 876.38
6. - Costo anual en un privado de libertad: Q22 mil 516.58

* Estimaciones elaboradas por la Relatoría contra la Tortura