El presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa brindó este jueves detalles sobre la denuncia presentada en contra de la ex ministra de Salud, Pública y Asistencia Social, Amelia Flores.
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Así mismo, estuvieron presentes el ministro de Salud, Óscar Cordón, el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra y el director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, quienes abordaron sobre la mesa la firma del contrato para adquirir las vacunas Sputnik y las irregularidades que el mismo presentó.
Señalan que la compra y la adquisición de las vacunas para combatir el Covid-19 debía hacerse directamente con el fabricante, lo cual no ocurrió, ya que esta acción se realizó con un tercero, específicamente con una sociedad mercantil de responsabilidad limitada que no es el fabricante y en esa medida, va en contra de lo que establece la ley
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“Se hizo con opacidad e invocando con una supuesta cláusula de confidencialidad, de acuerdo a un Decreto posterior a la suscripción del contrato le dio el aval, es decir en el momento en el que se firmó el contrato 30 de marzo del 2021, esa disposición que facultaba para contratar con confidencialidad no estaba vigente ocultando así y evitando la auditoria social”, señaló Saavedra.
Tal y como lo detalla el Decreto 1-2021 de la Ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el Coronavirus Covid-19 que entró en vigencia el 24 de enero del 2021, se debía hacer de la siguiente forma:
-La adquisición debía ser directamente con el fabricante.
-Se exime del cumplimiento de requisitos de la Ley de Contrataciones.
-La compra se realizaría bajo estricta supervisión de las autoridades del MSPAS.
- Debían observarse parámetros de transparencia.
En esa medida, las autoridades resaltaron que la serie de aspectos en principio y forma sirvieron para una contratación abusiva en contra de los intereses del Estado. En la acción fraudulenta se involucra a la compañía Human Vaccine con responsabilidad limitada y a Amelia Flores, exministra de Salud en el período de Alejandro Giammattei.
“Lo cual supone una contratación corrupta y opaca que no respondía a las necesidades que en ese momento imperaban y que debe ser investigada por el Ministerio Público”, detalló el procurador.
En esa medida, las autoridades resaltan 11 hechos señalados por la posible comisión de actos que constituyen delito, las siguientes son :
-Fue ilegal suscribir un contrato con un ente que no era productor de las vacunas.
-No se corroboró quién firmó por parte de la compañía (LLC Human Vaccine).
- El contrato estaba en inglés y es ilegal fírmalo en idioma extranjero sin que estuviera en simultáneo un contrato en español. Posterior se tradujo.
-No se negociaron condiciones favorables de entrega de vacunas. Se aceptó por válido todas las condiciones que fueron interpuestas al MSPAS.
- Se negoció que el Estado de Guatemala a través de MSPAS debía pagar regalías para Human Vaccine, lo cual es constitutivo de delito. Algo que el Estado de Guatemala pagó, pero que nunca gozó.
-Se negociaron sanciones de incumplimiento dañinas para el Estado. En el caso de que Guatemala por medio del MSPAS quisiera reclamar por un incumplimiento a la entidad que estaba vendiendo las vacunas, solo podía exigir una indemnización límite de 100 mil dólares, cuando el contrato había sido por 614 millones de quetzales.
-No se respetó la jerarquía normativa ni el principio de legalidad superponiendo el contrato a la Constitución y al decreto 1-2021.
-No se respetaron los preceptos legales al someter el contrato a arbitraje.
-No se justificó la confidencialidad del contrato.
-No se sabe en qué país se firmó la contraparte del contrato..
-En acuerdo complementario, se sometió al Estado a aceptar una vacuna no certificada por organismos internacionales.