Congreso elige a relatores titulares y suplentes de Prevención de la Tortura

Los electos deberán de trabajar por el impulso de mecanismos de prevención para evitar las prácticas degradantes contra las personas privadas de libertad.

El Pleno del Congreso de la República, en la Sesión Plenaria de este martes aprobó el acuerdo Legislativo 18-2024, con 136 votos favorables, que deja en firme la elección y juramentó de los tres relatores titulares y tres relatores suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT), para el período 2024-2029.

Jonathan José Mayorga y Franck Ríos Ríos, han sido electos como Relatores Titulares, mientras que Evelyn Patricia Morales y Evelyn Fabiola Morales fueron electas como Relatoras Suplentes.

Recomendados

VIDEO: Niña escuchaba ruidos de un monstruo en la pared y sus padres descubren algo espeluznante

¡No hay palabras! Tenía tan solo 4 añitos

Diputados de Semilla presentan nuevamente denuncia contra fiscales del Ministerio Público

Desde el 2023, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, se encargó de analizar los expedientes de 35 candidatos, posteriormente depurarlos y así conformar dos ternas las cuales entregaron al Pleno del Congreso para la elección de dos relatores titulares y dos suplentes, esto es basado en el proceso de elección estipulado en el Decreto Número 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación.

Según el decreto, todos los candidatos que participaron en este proceso, debieron contar con una experiencia mínima de cuatro años en el campo de los derechos humanos, la administración de justicia, los derechos de las personas privadas de libertad, en investigación criminal, en protección de la niñez y adolescencia, justicia juvenil, o en la prevención y rehabilitación de víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los cuatro relatores titulares y suplentes electos, deberán de trabajar por el impulso de los mecanismos de prevención para evitar las prácticas degradantes contra las personas privadas de libertad, así como brindar recomendaciones o peticiones a las autoridades competentes para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y así prevenir la tortura.