Los Relatores Titulares de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT) de la administración de Giammattei emitieron un comunicado dirigido al pueblo de Guatemala y al Sistema de Justicia Guatemalteco.
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El Organismo Legislativo por medio de los votos del pleno, designa a quienes integrarán esta instancia que tiene como mandato el examen periódico del trato y las condiciones que se da a las personas privadas de libertad, en todos los lugares de detención o centros de privación de libertad, públicos o privados.
Por su parte, los emisores del documento describen que para el 25 de marzo, Gloria Margarita López Rodas y Carlos Alberto Solórzano Rivera fueron convocados por el Relator Presidente Lesther Castellanos Rodas a efecto de entregar el cargo de Relatores Titulares cuyo periodo venció en esa fecha y como lo demanda el Acuerdo número 9-2019 del Congreso de la República.
A lo anterior, enfatizan que el Congreso aún no ha electo a los Relatores Titulares que deban sustituir para dirigir esa instancia, por lo que de entregar el cargo en esas condiciones, desintegraría esa dependencia y tal acción impediría la prestación de los servicios de prevención de la tortura a toda la población.
“Tomando en consideración, que debe privilegiarse el deber que tiene la Oficina de cumplir con la Constitución, las leyes del país y los Tratados Internacionales con base en los cuales el Estado de Guatemala se ha obligado a prevenir la tortura de los habitantes del País; resulta imperativo que para continuar la prestación de los servicios de la citada Oficina; por ende, evitar su desintegración y para no incurrir en abandono del cargo, es imprescindible continuar en el ejercicio de nuestros cargos como relatores hasta que se apersonen los nuevos relatores elegidos por el pleno”, enfatizan.
Así mismo, los parlamentarios puntualizan que dicha elección todavía no se ha realizado, por lo que para mantener la institucionalidad de la oficina, es importante invocar la aplicación de la opinión consulta de la Corte de Constitucionalidad (CC).
“De fecha 8 de octubre del 2009, en el expediente 5477-2019, en la cual dicha Corte, en sus partes conducentes indicó: “…Si… llegara el día en el que concluye el plazo para el que fueron designados los actuales Magistrados de las citadas Cortes, sin que sus sucesores comparecieran a asumir sus cargos, la conformación de aquellos órganos jurisdiccionales debe protegerse con aplicación del mecanismo previsto en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, como garantía de la continuidad de la Administración de Justicia…no puede conferírsele el alcance de impedir que los magistrados y jueces permanezcan en sus cargos, en tanto no se presente persona legítimamente designada para sucederles en el ejercicio de la función jurisdiccional”, detalla entre sus líneas.
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SE MANTENDRÁN EN EL EJERCICIO DE LOS CARGOS
Derivado de la opinión consultiva antes transcrita y con base en la ley de la materia y Tratados Internacionales de los que Guatemala es parte en esta materia, los congresistas argumentan que se mantendrán en el ejercicio de sus cargos.
Así mismo, la decisión va dirigida a no incurrir con el abandono al sus labores: “nuestro deber es cumplir nuestras obligaciones como relatores hasta que se apersonen quienes resulten electos como nuevos relatores a efecto que nos sustituyan y para darle cumplimiento a lo indicado por la CC.
“Tomando en consideración y apegados a los artículos 17 y 24 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por haber fallecido un relator y producido la vacante asume la titularidad la M.A. Jeniffer Alejandra Aldana García a quien por corrimiento y por edad le corresponderá asumir la Presidencia de la Oficina en mención, pues así lo establece esa normativa legal precitada y a la cual a la fecha se han negado ilegalmente a darle cumplimiento los relatores Lesther Castellanos Rodas y Alfredo Sánchez Chinchilla”, señalan.
Finalmente, argumentan que la conducta de Castellanos Rodas y de Sánchez Chinchilla constituyen abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, por lo que los parlamentarios presentarán una denuncia penal en su contra.
“Esto para que no vuelva a violentarse la institucionalidad del País, pues, nadie es superior a la ley. En tanto, nosotros para mantener la institucionalidad de la oficina continuaremos ejerciendo los cargos como relatores hasta que se apersonen los nuevos relatores que elija el Congreso de la República pero que a la fecha aún no han sido electos”, concluyen.
