Se pronuncian. Expertos de la ONU hicieron un llamado al presidente, Bernardo Arévalo, para que adopte “medidas concretas” para proteger el espacio cívico en Guatemala.
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Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; José Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y de expresión; Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas; Graeme Reid, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, le pidieron, en un comunicado de prensa, al mandatario “mantener la confianza que el pueblo guatemalteco ha puesto en el nuevo gobierno, dando pasos importantes hacia el fortalecimiento del espacio cívico y de la libertad de los medios de comunicación”.
Según el texto, hicieron “un llamado a la promoción y protección integral del espacio cívico en Guatemala, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y propicio para las asociaciones, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la sociedad civil en su conjunto”.
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“Es esencial que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, asegurando que el marco legislativo relevante cumpla con los estándares internacionales”, se detalló en el documento.
Habían expresado su
preocupación
Cabe resaltar que los expertos expresaron previamente su preocupación en relación con las presuntas limitaciones que fueron impuestas al ejercicio libre y pacífico de la libertad de opinión, expresión, reunión y asociación, con un enfoque también en los derechos de los pueblos indígenas, en el contexto de las manifestaciones posteriores a las elecciones.
También mostraron su preocupación por las presuntas amenazas y violencia contra personas defensoras de derechos humanos que forman parte de una organización que promueve los derechos de las personas trans, así como el hostigamiento judicial y la criminalización de activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluidas las mujeres.
Subrayaron igualmente la importancia de medios de comunicación independientes, libres y pluralistas y su preocupación por el cierre y el hostigamiento de organizaciones de medios de comunicación.
Además, animaron al presidente Arévalo y a su gobierno a que adopten medidas concretas para salvaguardar el espacio cívico.
“También reafirmaron su disponibilidad para proporcionar recomendaciones y asistencia técnica abordando áreas específicas de preocupación, así como para fomentar el diálogo y la cooperación con los titulares de derechos y las autoridades pertinentes, con miras a apoyar en mejorar la situación de los derechos humanos en Guatemala, en particular en relación con la libertad de reunión pacífica y de asociación, la libertad de opinión y expresión, la protección de las personas defensoras de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas”, concluyó el comunicado de prensa.