La controversia en torno a la Ley de Inmigración de Texas ha alcanzado un nuevo giro con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de extender la suspensión temporal de su aplicación. Esta ley, que permite a las fuerzas del orden del estado arrestar y detener a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país, ha generado preocupación entre defensores de los migrantes y ha provocado un debate legal de alcance nacional.
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La extensión de la suspensión, anunciada este martes, implica que la ley no entrará en vigor hasta el próximo lunes, brindando así más tiempo a la Corte Suprema para revisar los detalles del caso. Esta decisión, emitida por el juez Samuel Alito, no indica necesariamente hacia qué dirección se inclinan los jueces sobre la petición de fondo, dejando abierta la posibilidad de un veredicto posterior.
Siguen analizando la Ley de Inmigración de Texas
El Gobierno de Joe Biden, junto con otros, presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema el pasado 4 de marzo, instando a los jueces a bloquear la aplicación de la ley. La llamada Ley 4 del Senado, promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott en diciembre, ha generado preocupaciones sobre el aumento de perfiles raciales y detenciones por parte de las autoridades estatales en Texas, un estado donde los latinos representan una parte significativa de la población.
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El Departamento de Justicia argumentó que la ley tendría un impacto profundo en el estado de las cosas en el contexto de la inmigración, alterando un equilibrio que ha existido durante casi 150 años entre Estados Unidos y los estados. Un juez federal de Austin había bloqueado la aplicación de la ley, pero un tribunal federal de apelaciones otorgó una suspensión temporal, programada para entrar en vigor el 10 de marzo si la Corte Suprema no intervenía.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros funcionarios estatales han defendido la ley argumentando que el estado tiene el derecho soberano de protegerse de los cárteles transnacionales y la violencia asociada. Consideran a Texas como la primera línea de defensa contra esta amenaza y han criticado al Gobierno federal por su supuesta falta de acción en la protección de la frontera.
Este caso es solo el último episodio en la batalla entre el Gobierno de Biden y Texas en materia de inmigración, reflejando la complejidad y la división que rodea a este tema en la política estadounidense contemporánea. La decisión final de la Corte Suprema tendrá repercusiones significativas tanto para Texas como para la política migratoria de toda la nación.