El presidente, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, así como los miembros del gabinete, aún analizan si harán públicas sus declaraciones patrimoniales. Las normativas vigentes no los obligan, pero en años recientes varios sectores han destacado la importancia de publicitar esa información.
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La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia afirmó que las máximas autoridades del Ejecutivo cumplirán con la obligación de presentar la declaración patrimonial a la Contraloría General de Cuentas (CGC). Sin embargo, aún estaría pendiente definir el acceso para el resto de la población.
“Aún no han tomado la decisión. Lo que sí tienen que hacer es entregarlo a la CGC, pero aún deben decidir si el de todo el gabinete es público. En todo caso, lo primero que buscan es estandarizar”, indicó la Presidencia.
El presidente y vicepresidenta tienen 30 días, después de la fecha en la que asumieron sus cargos, para presentar la declaración patrimonial.
¿Qué dice la ley?
La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece que las personas designadas por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro mecanismo y que presten sus servicios al Estado deben proporcionar la declaración patrimonial a la Contraloría General de Cuentas.
“Los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad, se prohíbe su divulgación por cualquier medio y solo podrán verificarse dentro de un proceso judicial”, establece el artículo 21 de esa normativa.
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Sin embargo, durante las últimas administraciones presidenciales varios sectores de la sociedad civil han abogado por la publicidad de la misma, para garantizar que las autoridades no utilicen sus puestos para el enriquecimiento personal.
En febrero de 2016, el entonces presidente Jimmy Morales presentó la declaración a la Contraloría General de Cuentas y aseguró a la prensa que su patrimonio ascendía a Q8 millones, lo que representaba Q3 millones más a lo que reportó durante la campaña electoral. Mientras que su sucesor, el presidente Alejandro Giammattei, no reveló el total de su patrimonio. En su momento, indicó que aún no definía si lo haría.
Sería “bien visto”
El analista y consultor en temas de transparencia pública Marvin Flores recordó que no es obligatorio que Arévalo, Herrera y su gabinete publiciten sus declaraciones juradas, pero consideró que sería una acción a tomar en cuenta.
“Sería bien visto… lo importante es transparentar el patrimonio de cada funcionario y que cuando salgan del cargo no tengan un patrimonio exagerado en relación con sus ingresos como funcionarios, empresarios, eso es lo que se busca”, explicó.
También advirtió que no es una garantía de transparencia, ya que exfuncionarios vinculados a casos de corrupción buscaron testaferros para evitar la detección del enriquecimiento ilícito y consideró más importante que la Contraloría General de Cuentas tenga la voluntad, así como la capacidad para detectar anomalías.
“Algo complementario podría ser que los funcionarios digan que tienen algún conflicto de intereses con empresas, familiares… vínculos que podrían favorecer a amigos y familiares, por ejemplo, con contratistas del Estado”, apuntó.
