El Ministerio Público de Guatemala (MP), liderado por María Consuelo Porras, informó al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que ante los señalamientos espurios, tendenciosos y antidemocráticos emitidos por la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, la institución rechaza categóricamente dicho pronunciamiento, pues representa una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia.
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“Nuevamente, funcionarios del MP son objeto de ataques sistemáticos intimidatorios a efecto que, por medio de la coacción y la violación de sus derechos humanos, se pretenda evitar el cumplimiento de las funciones que la ley les confiere”, describe el comunicado.
Así mismo, el MP establece que, además de manifestar un profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, estas acciones atentan gravemente contra la independencia que la ley otorga al ente investigador y sugieren que el MP no cumple con su función constitucional de investigar y garantizarle justicia a las víctimas del delito.
“De nuevo, el Ministerio Público reitera la declaración que hizo la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, quien se refirió a que las sanciones de este tipo son violatorias de los derechos humanos de las personas”, concluye.
SANCIÓN DEL GOBIERNO DE CANADÁ
Este 20 de febrero, en un comunicado de prensa, Mélanie Joly, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, anunció que el país norteamericano está estableciendo un nuevo régimen de sanciones en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales para abordar la grave situación en Guatemala por socavar la democracia y el Estado de derecho de la nación.
El Reglamento impone una prohibición sobre las transacciones relacionadas con las personas incluidas en la lista, congelando efectivamente cualquier activo que puedan tener en Canadá. Las personas incluidas en la lista también quedan inadmisibles en su ingreso a Canadá en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados .
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Las sanciones se aplican a cuatro personas: María Consuelo Porras (fiscal general y titular del Ministerio Público), Cinthia Edelmira Monterroso Gómez (fiscal), José Rafael Curruchiche Cucul (fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público) y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez (juez).
Esto, por su participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad
