Opinión

"¿Qué hacer con el Presupuesto 2024?"

"¿Está de acuerdo que Q9 de cada Q10 del presupuesto estén predeterminados? ¿Cómo lograr que el presupuesto sea un instrumento de desarrollo?"

Durante los próximos días, se estará discutiendo en el Congreso el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024 por un monto de Q124,880 millones. Al respecto, el CIEN realizó un estudio tanto del presupuesto como las modificaciones que se hicieron en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM).

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El presupuesto de egresos es Q6,706.6 más alto al presupuesto vigente al mes de agosto de 2023 (5.7% de crecimiento nominal) y Q9,436.2 millones más que el presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio fiscal de 2023 (8.2% de crecimiento nominal). El de 2024 se financiará en su mayoría con un 80% de impuestos. Para el ejercicio fiscal de 2024, el CIEN considera que los ingresos tributarios podrían estar en un rango de entre Q98,434.7 y Q101,934.7 millones. Le siguen en importancia los préstamos con un 10.9% del monto total (un 8.5% de los ingresos se obtendrían por la colocación de bonos y un 2.5% serían los desembolsos de préstamos externos). El 6.2% de los ingresos sería por la disminución de activos financieros (saldo de caja).

El 24 de octubre, la CFPM emitió un dictamen favorable a la Iniciativa de Ley 6279 correspondiente al Proyecto de Presupuesto del año 2024, que, aunque mantuvo el valor o techo, se hicieron algunas modificaciones por Q1,627 millones. Los incrementos corresponden a Q400 millones para el Organismo Judicial, Q370 millones para el Ministerio Público, Q220 millones para transferencias corrientes a ONG, Q200 millones para la Usac, Q200 millones para el Renap, Q70 millones para la CC, Q40 millones para la SOSEP, Q30 millones para el Inacif, Q30 millones para el IDPP, Q22 millones para la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Q20 millones para el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, Q15 millones para el RIC y Q10 millones para la PGN.

Sin embargo, las reducciones no son claramente identificadas y quedan a nivel de gasto de funcionamiento, dando como resultado una disminución neta en seis ministerios: Relaciones Exteriores: Q30 millones, Gobernación: Q272 millones, Salud Pública y Asistencia Social: Q377.5 millones, Agricultura, Ganadería y Alimentación: Q104 millones, Cultura y Deportes: Q61 millones y Desarrollo Social: Q328 millones.

Además, se modificaron algunos artículos y se incluyeron otros como parte de las modificaciones a la normativa de la iniciativa de ley. La modificación que más llama la atención es al segundo párrafo del artículo 56 al agregar que la emisión, negociación y colocación de los Bonos del Tesoro correspondientes a los vencimientos de Bonos del Tesoro programados para el año 2024, colocados en ejercicios fiscales anteriores (cupo conocido como “Roll Over”) requieren previa aprobación por el Congreso de la República. Además, modificaron el primer párrafo del mismo artículo para agregar que los Bonos del Tesoro por concepto de nuevo endeudamiento financiarán los aportes extraordinarios para las entidades del sector de justicia. Finalmente, cabe destacar que se incluyeron en el dictamen una serie de obras con número del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que no han sido ingresados para la opinión técnica de la Segeplan.

Las recomendaciones del CIEN inician con eliminar las rigideces presupuestarias gradualmente e incrementar la carga tributaria; sin embargo, debe mejorarse la relación gasto/funcionamiento. Guatemala tiene un presupuesto muy rígido, limitando la eficacia y eficiencia del gasto público. El 88.2% de los ingresos corrientes netos en el Proyecto de Presupuesto 2024 está comprometido para destinos específicos. El gasto de funcionamiento ha aumentado del 52.4% al 68.9% entre 2004-2007 y 2022. Este incremento se atribuye principalmente a bienes y servicios, y al recurso humano. También ha crecido el endeudamiento para financiar gastos de funcionamiento, pasando del 3.7% al 15.8% entre 2004-2019 y 2020-2022. El país se está endeudando para gastos operativos y no de inversión.

Es crucial iniciar reformas para eliminar asignaciones presupuestarias específicas y destinar recursos basados en resultados, priorizando eficacia y eficiencia. Lamentablemente, el país no alcanza la meta de carga tributaria fijada en el Pacto Fiscal. Su aumento debe contener un compromiso político para una reforma fiscal integral. Además, es necesario modernizar el sistema presupuestario y mejorar la recaudación tributaria. No debe sacrificarse la inversión por el gasto. Por ello, es importante negociar pactos colectivos con transparencia y estudios de disponibilidad presupuestaria. Imperante revisar la normativa, ya que implican en muchos casos aumentos y recursos masivos en casi todas las instancias de gobierno, perdiendo la meritocracia y una administración por resultados. Debe limitarse el financiamiento de gasto operativo con crédito. Importante sustituir deuda cara por opciones de menor costo y avanzar hacia la “regla de oro” de utilizar endeudamiento solo para inversión pública.

Respecto al Presupuesto 2024, CIEN destaca la necesidad de aprobar una versión corregida, subrayando las deficiencias derivadas de la falta de fundamentos técnicos sólidos en el dictamen de la CFPM. Se sugiere que el Pleno del Congreso apruebe la versión original del proyecto o, de manera preferente, realice correcciones técnicas necesarias. Se enfatiza la importancia de evitar disposiciones que deban legislarse en otras normativas y de restringir el financiamiento de gastos de funcionamiento con crédito público, abogando por el empleo de mecanismos competitivos para adquirir bienes y servicios. Asimismo, se propone evaluar detenidamente los artículos propuestos por el gobierno electo, garantizando que los programas presupuestarios estén respaldados por evidencias y que se asignen recursos según datos e indicadores de desempeño. Se insta a revisar los planes estratégicos y operativos de las entidades, eliminar obras de inversión sin aprobación técnica y abordar la falta de claridad en asignaciones y reducciones propuestas para mejorar la efectividad y transparencia del proceso presupuestario. ¿Está de acuerdo que Q9 de cada Q10 del presupuesto estén predeterminados? ¿Cómo lograr que el presupuesto sea un instrumento de desarrollo? ¿Podrá el próximo gobierno poner en práctica su plan si se aprueba el dictamen de la CFPM?

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